Jhonny G.Ch., suboficial mayor de la policía, acusado de violencia familiar o doméstica contra su esposa tiene orden de aprehensión. El efectivo del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) formó parte del equipo que capturó a su excamarada Adán Boris Mina Alanes, feminicida de Betsabé Mara Alacia, hace una semana.

El 22 de agosto al promediar las 21:30, mismo día en que capturaron a Mina, Jhonny G.Ch. atacó a su esposa a cinturonazos, puñetes y patadas causándoles varias lesiones que derivaron en siete días de impedimento. Además, le amenazó con que, si lo denunciaba, él mismo la acompañaría a hacerlo, pero le advirtió que después le haría un daño mayor al que Boris Mina le hizo a Betsabé, el caso que había ayudado a esclarecer.

De acuerdo con las investigaciones, el acusado habría llamado a su esposa a su habitación en un domicilio de Cochabamba y le preguntó dónde estaban sus llaves. La mujer le dijo que no lo sabía y el policía reaccionó violentamente. 

Al principio, la ofendió con palabras soeces y luego se sacó su cinturón para azotarla. El policía tomó de los cabellos a la madre de su hija y la golpeó en la cabeza y el rostro con sus puños. Después, la arrojó a la cama y le aprestó el cuello amenazándola con matarla, pero ella logró zafarse y correr hacia la cocina pidiendo auxilio.

Él fue tras ella y le lanzó varios platos, rompió una puerta de vidrio con un puñetazo, la alcanzó y la pateó en los pies. “M…. yo te voy a enseñar a respetar, si me vas a denunciar, vamos de una vez, pero si te advierto que del caso de Betsabé que hemos esclarecido, peor te voy a hacer a vos”. La brutal golpiza fue propinada en presencia de la hija de ambos, quien no pudo reaccionar por el susto.

La mujer se sometió a una revisión médica forense que constató la existencia de policontusiones, equimosis por los cinturonazos y hematomas en todo el cuerpo. Esta no fue la primera golpiza. En una anterior oportunidad, las agresiones le causaron la ruptura de los ligamentos de la pierna derecha. Él la obligó a mentir diciéndole al médico que se había caído.

En otras ocasiones, tenía que usar chompas o blusas de manga larga para cubrir sus moretones en los hombros, brazos y el pecho. Hace un tiempo, también la amenazó con un arma de fuego y le juró que luego se quitaría la vida.

La denuncia ha sido formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la Fiscalía. El suboficial no se presentó a declarar ante el Ministerio Público y se desconoce su paradero, por lo que ya se emitió una orden de aprehensión en su contra.

La familia de la víctima teme que ella se amenazada y obligada a desistir de la denuncia en algún momento, por miedo. Por ello, pidió que el Ministerio Público continúe el proceso de oficio, para prevenir un feminicidio.

La abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, dijo que el temor de la familia de la mujer tiene sentido porque los familiares de una sobreviviente de violencia pueden efectuar una denuncia contra el agresor, pero no pueden constituirse en parte acusadora durante el proceso, ya que tiene que hacerlo la misma víctima.

“Esto nos llena de pena y frustración porque, a veces, las víctimas desarrollan el síndrome de la mujer maltratada y por miedo, amenazas o por dependencia emocional extrema del agresor, terminan desistiendo de la denuncia. Y, más adelante pueden convertirse en un número más de la lista de feminicidios, lo cual queremos evitar”, explicó.

Otro abogado del Observatorio de Justicia, Marcelo Sánchez, dijo que la familia ha solicitado el apoyo legal de la institución, pero es la víctima la única que puede constituirse en parte, de acuerdo a la norma. La familia solamente puede convertirse en parte cuando la víctima ha sido víctima de feminicidio.