Cuatro de los seis denunciados por los hechos irregulares en la construcción de la infraestructura del Instituto Departamental de Investigaciones Forenses (IDIF) fueron sentenciados por los delitos de incumplimiento de contrato y de deberes, después de más de siete años de proceso.

El Tribunal de Sentencia No. 1 de Cochabamba, compuesta por los jueces técnicos Vivian Enríquez, Jhaszmany Zenteno y María Antonieta Tejada, dictó hace unos días sentencia condenatoria para Mariano Ernesto Molina, personero de la empresa Santos-Emboc SRL por incumplimiento de contrato, con una condena de tres años de presidio. Asimismo, Jairo Gonzales, quien firmó el contrato y se desempeñó como supervisor, tiene dos años de prisión por el mismo delito que el anterior procesado; Edna Alina Guardia y Henry Pedro Loayza, ambos exfuncionarios públicos, tienen un año de presidio por incumplimiento de deberes, según información publicada por la Agencia Judicial de Noticias (AJN) con fecha del 11 de febrero de este año.

En tanto, Fernando de la Reza y Luis Antonio Rocabado, personeros de la empresa contratista, fueron absueltos; ambos estaban siendo acusados de incumplimiento de contrato.

El Ministerio Público presentó la acusación por incumplimiento de contrato, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia, previa valoración de las pruebas testificales y documentales durante el juicio oral y por unanimidad, resolvió la sentencia solo por dos delitos.

Los sentenciados podrán presentar recurso de apelación restringida una vez que hayan sido notificados todos los que son parte de este proceso. Esa apelación radicará previo sorteo en una de las cuatro Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, aclaró la AJN.

ANTECEDENTES La empresa Santos-Emboc SRL, en licitación pública, se adjudicó la construcción del edificio del IDIF, en 2006.

Según los antecedentes, el 24 de noviembre de 2006, el entonces prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa suscribió el contrato con Santos-Emboc SRL por un monto de 8.973.011 bolivianos con un plazo de ejecución de 340 días.

La empresa no cumplió con el contrato. El 7 de mayo de 2008, la exprefectura de Cochabamba representada por Jhonny Ferrel Soria como prefecto interino y Santos Emboc SRL suscribieron una segunda ampliación del plazo de entrega por 144 días, hasta el 30 de septiembre de ese año, elevando el costo del proyecto a 9.869.841 bolivianos. 

El 5 de enero de 2009, la exprefectura, mediante carta notariada, informó a la empresa la intención de resolución de contrato. Mediante carta notariada del 27 de febrero de 2009 se comunicó la resolución del contrato.

En julio de 2010, se conoció que la empresa recibió pagos por tareas no realizadas; pudo hacerlo con ayuda de los dos exfuncionarios de la exprefectura, quienes eran los fiscales de obra. Por ejemplo, la instalación de un tablero termo magnético, puntos de tomacorrientes, puntos de computadoras, entre otros.

El Prefecto de ese entonces denunció a las cuatro personas de la empresa constructora y a los dos funcionarios, en 2013, según publicación de la AJN. Después de más de siete años se dictó la sentencia por este caso.