Niña embarazada vive un calvario. La menor de edad, de 11 años, que lleva 21 semanas de gestación a consecuencia de la agresión sexual de su abuelastro (padre de su padrastro) fue abusada antes, al igual que sus hermanas que hoy tienen 14 y 15 años, por su padre biológico. La menor de edad estaba decidida a interrumpir su embarazo y, por ello, le suministraron el viernes un dilatante para el legrado en el hospital Percy Boland de Santa Cruz, pero recibió la visita de la Iglesia y cambió su decisión.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz, José María Velasco, reveló, en entrevista con Urgente.bo, qué hizo que la familia se retractara y decidiera continuar con el embarazo. Según el coronel, un grupo de la iglesia la visitó e hizo que cambiara su decisión con promesas. “La niña dijo que quería estudiar y le dijeron que le iban a dar un lugar donde iba a estar y además le iban a dar todo el material de estudio (…). A la madre le preguntaron cuánto ganaba como cocinera en La Paz y ella respondió que dos mil bolivianos, y le dijeron que le iban a pagar ese dinero con tal de que cuide a su hija y a su embarazo, y como la mamá también fue objeto de violación cuando fue joven aceptó”.

La niña fue dada de alta ayer al promediar las 16:00 del hospital donde estaba en observación producto de que le habían inyectado un dilatante, pero tras una valoración médica aprobaron su salida. Víctor Hugo Valda, delegado Episcopal de la Pastoral de la Salud en la Arquidiócesis de Santa Cruz, aguardaba su salida en puerta de la maternidad.

“La menor vivirá en el hogar sola, sin la asistencia de un familiar, pero en compañía de personal de apoyo y de otras menores que también se encuentran internadas (…). Ella recibirá apoyo sicológico y médico, además de alimentación y vivienda para que pueda llevar una vida normal”, dijo a los medios de comunicación.

Para Velasco la niña fue revictimizada. Aclaró que como institución policial cumplieron con la investigación, pero lamentan que grupos la hayan convencido de no interrumpir el embarazo con promesas cuando debía cumplirse la sentencia constitucional 206/2014 que establece el acceso a un aborto legal y seguro en caso que el embarazo sea producto de violación, incesto (cuando es provocado por un familiar cercano), estupro cuando la víctima es una menor de edad o cuando la vida de la mujer corre peligro.

En este caso, al tratarse de una niña, de 11 años, con cinco meses de gestación que ha sido víctima de violación reiterada por un adulto, de 61 años, que ya se encuentra detenido preventivamente en una cárcel, aplica la sentencia. Velasco advirtió que no acatar la orden puede derivar en un proceso penal contra los encargados de cumplirla.

La niña y sus hermanas estaban al cuidado del padre del padrastro en Yapacani, Santa Cruz. El abuso contra la menor, de 11 años, ocurrió mientras su madre y su padrastro viajaron a La Paz para trabajar en una construcción; él como albañil y ella como cocinera.

GOBIERNO VE VULNERACIÓN

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, condenó ayer que algunas instituciones pretendan impedir la interrupción del embarazo de la niña y que se pretenda obligar a que sea madre.

“Cuando una niña, de 11 años, es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos. Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales; esto es un acto flagrante de violación a los derechos de esta niña. Desde ningún punto de vista obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto”, escribió el Ministro en sus redes sociales.

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, también se refirió al caso. “Debe parar el indolente manoseo sobre una menor que fue violada sexualmente. La interrupción de ese embarazo no necesita mayor consulta ni razonamiento religioso. El sistema de justicia debe dar ya la respuesta. Nuestra plena solidaridad con ella”, publicó en su cuenta en Twitter.