Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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Murillo anuncia procesos por violencia “pagada” en Pisiga y MAS le pide pruebas

El Ministro de Gobierno aseguró que se descubrió que cada persona recibió Bs 300 para participar. El masismo niega acciones desestabilizadoras y acusa al Ejecutivo de amedrentar a sus militantes y a cualquiera que disienta.

Ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Murillo anuncia procesos por violencia “pagada” en Pisiga y MAS le pide pruebas

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció ayer que pagaron a 300 bolivianos a las personas que generaron violencia en la frontera con Chile, el martes, atacando incluso a efectivos militares. "Tenemos identificados a 35 activistas mezclados en esa marcha y también hemos podido, con nuestros sistemas de inteligencia, ver que se está pagando 300 bolivianos por cada persona para que hagan esto", dijo en conferencia de prensa. En otro tono, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, lamentó lo sucedido y rogó a los compatriotas no afectar “el sacrificio” de la población que cumple la cuarentena por el COVID-19 en el país. El opositor Movimiento Al Socialismo (MAS) se pronunció negando las acusaciones.

El sábado, 480 connacionales ingresaron al país cumpliendo todos los protocolos desde la localidad chilena de Huara hasta la población boliviana de Pisiga, donde el Gobierno instaló un campamento, denominado "Tata Santiago", para que cumplan 14 días de cuarentena.

El martes, otro grupo de ciudadanos bolivianos intentó entrar al territorio nacional por el mismo sector, pero lanzando piedras a los militares que resguardan la frontera e incluso quitando un fusil a uno de los uniformados.

"Buscan desestabilizar el Estado, lo que no pudieron hacer en noviembre (de 2019) están tratando de hacerlo aprovechando la crisis que hay por el coronavirus. Es terrible que el Movimiento Al Socialismo, que el expresidente Evo Morales, buscado por terrorismo, esté alentando a su gente, esté enviando gente para tratar de desestabilizar a un Gobierno", manifestó.

Confirmó que todas las personas involucradas en el violento hecho serán procesadas, tal como ocurrió con los 35 sentenciados en los últimos días por atentar contra la salud pública rompiendo la cuarentena dictada por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus COVID-19.

"El atentado contra la salud es un delito grave, tiene de uno a 10 años de cárcel; no estamos jugando, estamos trabajando para defender la vida de los bolivianos", aseveró.

Agregó que se exigirá a la justicia aplicar toda su fuerza y dureza para que la gente que trata de engañar, de mentir y confundir al pueblo boliviano sea juzgada como corresponde.

"El primer discurso del MAS era: no hay coronavirus, es un invento de la derecha, del pueblo americano. Ahora dice: sí hay, por arriba dice ‘acójanse a la cuarentena’, pero por abajo desestabilicen. Es más, cocaleros del Chapare hasta han mandado unos cuantos plátanos y piñas a Cochabamba tratando de ponerse una capa de ovejita cuando todos sabemos de debajo de esas capas hay lobos sedientos de poder y sedientos de seguir robando al Estado como le han hecho los últimos 14 años", apuntó, aludiendo a los camiones de fruta con los que el martes llegó una comitiva del Trópico, encabezada por el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, a quien las Fuerzas Armadas reconvinieron por hacer una reunión con vecinos de la zona sur.

En un comunicado, el MAS rechazó las declaraciones del Gobierno por no tener pruebas. También denunció ante la comunidad internacional que las acusaciones no son aisladas, sino que se suman a las emitidas por otras autoridades cuya finalidad es criminalizar el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Dijo que lo sucedido en Pisiga es una violación a los derechos humanos y es un acto discriminatorio. Condenó, además, que el solo hecho de manifestarse en contra el actual Gobierno sea motivo de persecución y acusaciones de sedición, algo que considera un amedrentamiento no solo contra la militancia masista, sino contra los ciudadanos.

PIDE ORGANIZARSE Según Arias, la refriega en esa región fronteriza buscó dañar al Gobierno nacional, pero además afecta el esfuerzo que hacen los ciudadanos por cumplir las restricciones y así evitar la expansión de la enfermedad.

El Ministro ratificó que la cuarentena que cumplen los ciudadanos bolivianos, que salieron de Chile e ingresaron a Bolivia el fin de semana,  fue el resultado de una acción coordinada y pacífica entre las instituciones del Gobierno y los connacionales.

"Les pedimos, les rogamos, por favor, no hagan este tipo de cosas, el Gobierno decidió hacerlos entrar, pero se tiene que organizar", remarcó la autoridad.