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  • Diario Digital | domingo, 17 de octubre de 2021
  • Actualizado 05:18

Modifican medida del excomandante Zurita y le dan detención domiciliaria

El representante de las víctimas, Gerardo Puma, dio a conocer que el imputado cumplirá la orden en su domicilio acreditado de la ciudad de La Paz. Es investigado por las muertes en Sacaba.

El excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita en una de sus audiencias (d). NOÉ PORTUGAL
El excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita en una de sus audiencias (d). NOÉ PORTUGAL
Modifican medida del excomandante Zurita y le dan detención domiciliaria

El Juzgado de Instrucción Cautelar No. 1 de Sacaba modificó ayer las medidas sustitutivas a la detención preventiva del excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita y le dio detención domiciliaria con custodia policial por el caso Huayllani, informó el representante legal de las víctimas, Gerardo Puma.

Zurita, imputado por la presunta comisión del delito de asesinato y tentativa de asesinato en el marco de las investigaciones por las muertes de Huayllani ocurridas el 15 de noviembre de 2019, cumplirá la nueva medida en su domicilio acreditado en la ciudad de La Paz.

Puma señaló que, en audiencia presencial, la autoridad judicial determinó su detención domiciliaria debido a que no habría cumplido con el pago de la fianza de 200 mil bolivianos impuesta el pasado 26 de febrero, entre otros aspectos.

Esa fecha, el juez le ordenó firmar cada semana el libro de la Fiscalía en La Paz. Además, le prohibió concurrir a ciertas dependencias como el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba y comunicarse con investigados o testigos del proceso, y sigue con arraigo.

El excomandante policial participó de los operativos de noviembre de 2019 que evitó que una marcha, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), ingrese a la ciudad argumentando que podían generar enfrentamientos. El imputado, a través de su Defensa, señaló en reiteradas oportunidades que los planes operativos y la documentación demuestra que la Policía no portaba armas letales por lo que no tendría participación en los delitos que se le atribuye.

Los fiscales consideran que Zurita, que ahora está en reserva activa, al ordenar el uso de gases lacrimógenos facilitó el asesinato de los cocaleros.

Al respecto, Puma manifestó que al menos 80 de las 120 personas fueron heridas de bala. Además, los 10 fallecidos, todos cocaleros, fueron por impactos de armas de fuego en distintas partes del cuerpo.

PROCESO

Puma manifestó que están aguardando el informe escrito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la reconstrucción realizada el 6 y 7 de mayo en la zona de Huayllani, donde heridos de bala dieron su testimonio y dirigieron a los profesionales hasta los puntos donde recibieron el impacto.

“Los heridos son de bala, es decir, se usaron armas letales y salieron de la Policía y del Ejército en el puente de Huayllani. Estamos esperando el informe escrito del IDIF. También se realizará la verificación con radiografías de los heridos que han participado en la reconstrucción de los hechos. Seguramente, en estos días se hará la verificación del historial clínico”, manifestó.

Acotó que la investigación está avanzando, pese a que se hicieron cambios en la comisión de fiscales. “Estamos aguardando el inicio del juicio oral”.

INVESTIGADOS

En noviembre de 2020 se amplió la investigación contra el excomandante Zurita y el excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO) de Cochabamba, Alfredo Cuéllar. El general fue imputado y, en audiencia de medidas cautelares, le dieron detención domiciliaria con derecho al trabajo.

Ese mismo mes, se amplió la investigación contra los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López. Además, del excomandante general de la Policía Rodolfo Montero y el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Sergio Carlos Orellana.

El 25 de marzo de este año, Murillo, López y Orellana fueron declarados “en rebeldía” debido a que no se presentaron a la audiencia de medidas cautelares imputados por los presuntos delitos de asesinato y tentativa de asesinato.

El único que se presentó fue Montero, pero la audiencia se suspendió. Finalmente, el 1 de abril el Juzgado determinó que se defienda en libertad con una fianza de 200 mil bolivianos, presentación semanal ante el Ministerio Público y le prohibió comunicarse con efectivos policiales y testigos.