Este lunes 20 de mayo, a las 8:30 de la mañana, el abogado Jhasmany T.L. ampliará su declaración en la Fiscalía Anticorrupción del edificio en Abugoch de Cochabamba y, según anticipó, revelará los nombres de más fiscales y jueces que formaron parte del consorcio que se dedicaba a transar con dinero la liberación de imputados por asesinatos, homicidios, violaciones y otros delitos.

Durante la última inspección efectuada a la casa que le arrebató a su padrastro, donde funcionaba el bufete Leclere y Asociados, Jhasmany T.L. se mostró cansado de los procesos que lo mantienen alejado de su familia, en una cárcel inhóspita y donde, según él, no recibe atención médica oportuna ni adecuada.

El abogado pidió a las autoridades agilizar el juicio en su contra, pero no quiere ser procesado solo. Solicitó que se enjuicie a los fiscales y jueces que integran el consorcio que él admitió que lideraba. “Sí. lo admito, tácita, voluntariamente. Nadie que estudia Derecho lo hace con el afán de buscar justicia, sino de ganar dinero”, declaró el 16 de mayo ante los medios de comunicación.

“Fiscales, son por lo menos unas 20 personas, o más. Hay jueces de juzgados cautelares, de tribunales, de salas. Hay varones y mujeres, el dinero no hace exclusión de género. Ya basta de tanto show, yo quiero llegar rápido a un juicio. Voy a pedir a mis abogados defensores que exijan al Ministerio Público agilizar el juicio en el caso consorcio”, declaró a periodistas que cubrieron la inspección.

Adelantó que gracias al consorcio conformado, él atendía casos y podía garantizar cesaciones de detenciones preventivas, sobreseimientos (liberaciones de culpa), resoluciones de rechazo, e incluso que un fiscal no se oponga a sus peticiones en audiencias.

Respecto a si se podrá agilizar el juicio por el caso del consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados abierto en enero de 2019, funcionarios ligados a la investigación dijeron que si Jhasmany T.L. presenta pruebas de sus acusaciones este lunes, en contra de nuevos fiscales y jueces, se valorará si existen los elementos suficientes para imputarles. Y, tras esa posible imputación, el plazo mínimo para presentar una acusación formal contra todos los implicados es de tres meses. Sin embargo, lo más importante será verificar las pruebas que él presente en contra de los funcionarios a los que sindique de formar parte de su consorcio.