Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 17 de mayo de 2021
  • Actualizado 12:52

Líder de RJC y cívico suman denuncias; ahora por sedición

Dos juristas presentaron una demanda penal en contra de Yassir Molina y Rómulo Calvo, por “terrorismo”.
Yassir Molina (d),  cabeza de la RJC. Twitter
Yassir Molina (d), cabeza de la RJC. Twitter
Líder de RJC y cívico suman denuncias; ahora por sedición

El líder de la agrupación llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fueron denunciados penalmente en las pasadas horas. Ambos son acusados por los presuntos delitos de sedición, terrorismo, instigación pública a delinquir, conspiración y asociación delictuosa y organización criminal.

Fueron los juristas Arturo Aliaga y Rolando Cruz quienes se constituyeron en partes querellantes en contra de Molina y Calvo, puesto que consideran que ambos han cometido actos fuera de la ley en las protestas que comandaron tanto en Cochabamba como en Santa Cruz, donde sus grupos dirigieron a distintas plataformas ciudadanas en contra de los resultados de las Elecciones Generales 2020 del 18 de octubre.

Lo que han resaltado Aliaga y Cruz, según ABI, es que el cívico y el miembro de la RJC han incitado y promovido la posibilidad de que las Fuerzas Armadas del país tomen el mando, en lugar de que se dé curso a la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente electos.

De este modo, las acusaciones en contra de ambos ciudadanos suben en número. La semana pasada, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) presentó una denuncia ante la Fiscalía Departamental, tras las agresiones que sufrieron los periodistas durante las coberturas a los bloqueos en la Llajta. Algunos trabajadores de la prensa señalaron que, incluso, no les dejaron registrar los hechos durante las movilizaciones.

En septiembre, el propio Molina había declarado ante los medios que sumaba, hasta ese entonces, cuatro procesos en su contra, por los delitos de atentado contra la salud pública, incitación a delinquir y asociación delictuosa.

En el caso de Calvo, este fue denunciado en agosto pasado por “discriminación”. Fue María Oporto, entonces senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien lideró la demanda formal ante la Fiscalía General del Estado.