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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 14:41

Justicia da 24 horas para otra valoración a niña embarazada

La Acción de Amparo busca reencaminar el procedimiento de interrupción legal del embarazo, sin viciar el consentimiento. También se disponen más medidas.

Protesta en puertas del Hospital Percy Boland, Santa Cruz. EFE
Protesta en puertas del Hospital Percy Boland, Santa Cruz. EFE
Justicia da 24 horas para otra valoración a niña embarazada

La Acción de Amparo Constitucional, presentada por la Defensoría del Pueblo, fue aceptada “en parte” la tutela solicitada a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que emitió la Resolución Constitucional 241/2021 en la que emite algunas disposiciones de cumplimiento en plazos establecidos con el objetivo de reencaminar el procedimiento de interrupción legal del embarazo de una niña de 11 años, que sufrió una violación en Yapacaní (Santa Cruz) de su abuelastro (padre de su padrastro).

La resolución jurídica, a la que tuvo acceso OPINIÓN, dispone que, en un plazo de 24 horas, la menor debe ser sometida a una nueva valoración integral para que se emita un criterio científico correcto y sea puesto a conocimiento de quienes deben dar el consentimiento informado.

Deja la responsabilidad a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, en coordinación con el Ministerio de Salud.

También pide al titular de Salud, Jeyson Auza, y a la Defensora, Nadia Cruz, que identifiquen el lugar para el traslado, tratamiento, evaluación y resguardo, con preferencia en un centro médico y que ambas instituciones garanticen que “no exista ningún tipo de influencia externa en la niña”. Asimismo, para evitar la revictimización, instruye el acompañamiento de técnicos, especialistas y psicólogos altamente calificados. 

Hace una semana, Cruz informó que la presentación de una acción de libertad en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia, del hospital Percy Boland, así como contra el Arzobispado para que se reencamine el caso “sin viciar el consentimiento de la menor ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso”.

La Sala aclara que no puede pronunciarse sobre si prosigue o no la interrupción legal del embarazo porque eso sería una arbitrariedad, pero dispondrá otras medidas.

OTRAS MEDIDAS

En su tercer punto, señala que pedirá al Viceministerio de Comunicación “evitar el manejo y tratamiento irresponsable de la información” en este caso.

Finalmente, se dirige al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y al fiscal de distrito de Santa Cruz para que envíe a esa Sala informes cada cinco días sobre el avance del proceso de investigación contra el agresor y quienes resultaren cómplices o partícipes y otros “en razón a las conductas normativas”.

La Acción de Amparo fue presentada contra la responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yacapaní; la responsable de la misma institución a nivel regional (Santa Cruz) y el director del hospital materno Percy Boland.

La madre de la pequeña contó que desde hace una semana no la puede ver en el hogar de acogida de la iglesia, a la que fue trasladada, y solo le dijeron que estaba bien atendida. Debe esperar un aviso de la Defensoría. 

Dio a conocer que la decisión de su hija, que tiene más de 21 semanas de gestación, es tener al bebé, pero no quiere criarlo por lo que después del nacimiento analizarán la posibilidad de darlo en adopción.

Su agresor, de 61 años, se encuentra con detención preventiva en el penal de Montero.

La Defensoría cree que debe respetarse la voluntad inicial de la víctima de interrumpir su embarazo apegándose a la Sentencia Constitucional 0206/2014 que establece el acceso a un aborto legal y seguro en caso de que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo. En tanto, la Iglesia considera que se debe “salvar las dos vidas”, lo que generó protestas de grupos de activistas.