Jhasmani Torrico, sentenciado a seis años y seis meses de cárcel por los delitos de secuestro y lesiones en el “caso mecánico”, solo debe pagar 80 mil bolivianos de fianza y presentar arraigo para volver a su domicilio, luego de que fue beneficiado con la cesación de detención preventiva el pasado sábado.

Ante la medida que tomó la jueza de Quillacollo, Salomé Guzmán, el Ministerio Público y la defensa de las víctimas del “abogado del diablo” apelaron la medida; sin embargo, eso no impediría que Torrico pueda salir de la cárcel los próximos días si antes paga y presenta arraigo.

La fiscal encargada del caso, Tatiana Salazar, informó a OPINIÓN que presentaron la apelación el mismo sábado y que están a la espera de la audiencia. “Nosotros ya apelamos, eso va a tardar el tiempo desde que remitan el cuaderno hasta la Sala Penal. Estaremos pendientes para tratar de que, a la brevedad, salga el cuaderno”, aseguró. 

Por su parte, el abogado que representa al mecánico torturado Juan Antonio Cuéllar, Bladimir Pérez, contó que recibieron la noticia de la audiencia de cesación de detención preventiva cinco minutos antes y que cuestionaron la medida sin ningún éxito porque se desarrolló de todas maneras.

Torrico ya había presentado una petición similar hace un tiempo, misma que fue rechazada por el Tribunal Departamental de Justicia. Ante ello, interpuso otra apelación que fue aceptada por la jueza Guzmán. La resolución que dictó el Tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo determina la detención domiciliaria para el abogado, el arraigo y una fianza.

Pérez, quien es parte del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), afirmó que hubo irregularidades y falta de fundamentación en la audiencia del sábado. “Existió una disidencia. Uno de los jueces estaba de acuerdo con la cesación y el otro no, necesariamente debería existir un juez dirimidor”.

Torrico recibió la sentencia el pasado 25 de febrero, pero aún no fue ejecutoriada por lo que continúa apelando para volver a su domicilio.

El mecánico agredido contó a OPINIÓN que tiene temor por él y su hija, y que hoy se reunirá con el Ministerio de Justicia y otra de las víctimas de Jhasmani, Julián Torrico, para que puedan intervenir. “Estoy muy agobiado, no sé qué voy a hacer. Tengo ese miedo, no le permito a mi hija que salga sola”, dijo.

Sobre el tema, su abogado añadió que esperan que la audiencia de su apelación se realice la próxima semana. “Nos preocupa a todos, no solo por Juan Cuéllar o Julián Torrico , sino por la sociedad en su conjunto, cualquiera podría ser víctima nuevamente de este señor y sus allegados. Esperamos que el Tribunal dicte una resolución coherente revocando esa decisión”, señaló Pérez.

ANTECEDENTES

El juicio oral por el “caso mecánico” comenzó el 17 de noviembre de 2020 y se dictó sentencia condenatoria este 25 de febrero de 2021. Jhasmani Torrico Leclere fue sentenciado a seis años y seis meses en el penal de San Sebastián y, junto con él, recibieron condena otras seis personas implicadas.

El hecho del que se lo acusa se remonta al 16 de marzo de 2018, cuando tres hombres llegaron al taller de Juan Antonio Cuéllar pidiendo auxilio para una movilidad varada a unas cuadras. El mecánico sacó sus herramientas y subió a un taxi hasta llegar a un Toyota RAV4 que tenía el capó abierto, donde lo redujeron, le hicieron toques eléctricos y le vendaron los ojos para llevarlo hasta un inmueble donde lo torturaron sumergiéndole la cabeza en un bañador con agua y a golpes.

Cuéllar fue obligado a firmar un documento en el que admitía la devolución de 20 mil dólares por un anticrético. Para ello, le tomaron fotografías contando billetes, junto a los dueños de la propiedad, pero no recibió nada.

En un video que se difundió en redes sociales en aquel entonces se ve a Torrico comandando la tortura, un modus operandi que, al aparecer, aplicaba comúnmente para cobrar deudas.  

Tras la denuncia del mecánico, el “abogado del diablo” fue procesado y detenido en la cárcel de El Abra, luego fue enviado a La Paz, al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, pero volvió a Cochabamba, al penal San Sebastián. Sin embargo, permaneció gran parte de su detención en el hospital debido a problemas en una de las piernas.

Jhasmani era conocido por ser cercano a los policías. En varias audiencias, tras ser investigado por las denuncias de tortura, consorcio delictivo y otros, el abogado saludaba a los policías afectivamente al ingreso y salida de los tribunales. Entre los miembros del supuesto consorcio delictivo se presume la participación de jueces, abogados, fiscales y policías.