Mirtha Mabel Montaño, vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, fue acusada formalmente por los delitos de incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia y prevaricato en el marco de las investigaciones por la liberación y fuga de Omar Alejandro Ordoñez Arias, sentenciado en 2017 por el feminicidio de la adolescente María del Carmen Carballo, quien fue beneficiado en marzo de 2021.

“El Ministerio Público, en representación de la sociedad, una vez cumplidos los presupuestos de ley, tomando en cuenta el quantum de la pena del ilícito acusado, solicito a su autoridad la remisión de antecedentes a la autoridad competente del órgano jurisdiccional, a objeto de que procedan a su radicatoria y apertura de juicio oral y público, previo señalamiento de día y hora de audiencia para tal efecto, de conformidad a lo establecido en el artículo 340 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 586, y, substanciado el mismo en aplicación del artículo 365 de la CPP se dicte sentencia condenatoria de acuerdo a procedimiento”, dice parte del documento, al que accedió OPINIÓN, fechado el 16 de febrero de 2022.

El Tribunal de Sentencia No. 6 de Cochabamba dictó el 31 de agosto de 2017 sentencia condenatoria máxima para Omar Alejandro Ordoñez Arias, principal autor de feminicidio y violación agravada, y para otros cuatro autores. Todos miembros de la pandilla Wander Rap de Cliza.

Ordoñez buscó en reiteradas oportunidades salir de la cárcel aprovechando que su sentencia no había sido ejecutoriada, pese a que había pasado cuatro años desde su condena. En marzo de 2021, la Sala Penal Primera determinó que sea liberado pagando una fianza de 100 mil bolivianos, tramite su arraigo, se presente a firmar cada semana, entre otras medidas. Pilar Reyes, madre de la víctima, interpuso un amparo exigiendo que el asesino de su hija vuelva a prisión y cumpla su sentencia, y en mayo de ese año el fallo que favorecía al feminicida fue anulado y se ordenó su recaptura, pero él ya había salido del país.

Sobre el caso y el trabajo de la comisión que está identificando sentenciados liberados, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que están investigando inicialmente los procesos con sentencias ejecutoriadas porque los que no se encuentran en esa calidad, como el del feminicida de Cliza, son favorecidos por normas que establecen aún la presunción de inocencia y, por ello, autoridades judiciales pueden liberarlos. Acotó que se necesita “perfeccionar las normas” para evitar que feminicidas, asesinos, violadores u otros criminales o delincuentes salgan de las cárceles y generar nuevos tipos penales para agravar las penas contra jueces que cometen prevaricato.