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  • Diario Digital | viernes, 19 de abril de 2024
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Un fiscal de Santa Cruz es destituido por una acusación de violencia familiar

Fotografía ilustrativa de una víctima de violencia. PIXABAY
Fotografía ilustrativa de una víctima de violencia. Pixabay
Un fiscal de Santa Cruz es destituido por una acusación de violencia familiar

Un fiscal de Santa Cruz fue destituido tras ser arrestado por un supuesto caso de violencia familiar, informó este viernes el Ministerio Público.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, emitió un memorando para cesar a su colega de la Unidad de Sustancias Controladas Alberto C.F., según un comunicado de la Fiscalía boliviana.

"No permitiremos ni apañaremos ningún hecho de violencia que atente contra la vida o integridad de una mujer. Nuestras acciones están enmarcadas en la cero tolerancia a la violencia", indicó Mariaca, citado en la nota.

Alberto F.C. fue arrestado por la Policía en la madrugada del viernes por una denuncia de su esposa, que aseguró que el hombre llegó a su casa en estado de ebriedad y la agredió físicamente, según las investigaciones preliminares.

El ahora exfiscal también intentó agredir a su hijo de 17 años, agrega el comunicado.

La mujer presentó una denuncia formal en una comisaría, por lo que ahora el suceso está bajo investigación policial y del Ministerio Público.

Los casos de violencia familiar llegaron a 22.900 en lo que va de año, según ha informado el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), Juan Carlos Alarcón.

Además se registraron 694 casos de violación sexual a niños y adolescentes, añadió Alarcón, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Gobierno (Interior).

El país también registró 86 feminicidios y 42 infanticidios entre enero y septiembre, según datos oficiales.

En la víspera, la FELCV anunció una campaña de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres para instar a la población a denunciar estos sucesos.

Bolivia tiene en vigor desde 2013 una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y castiga el feminicidio con treinta años de prisión, la pena máxima de la legislación boliviana.

No obstante, organizaciones feministas han reclamado varias veces que esa norma no se aplica plenamente por falta de presupuesto y personal capacitado para atender estos casos, entre otros.