En diciembre de 2017, Nancy A. C., de 46 años, se embarcó en un vuelo  desde Bolivia rumbo a Tailandia. En su  vivienda dijo a sus ocho hijos que saldría hacer negocios por 15 días para conseguir dinero y evitar que el banco le revierta su vivienda y le embargue un minibus que sacó con crédito bancario, publicó Clave 300.

A partir de esa fecha, la familia perdió todo contacto con Nancy hasta que recibieron la llamada telefónica de una mujer que les comunicó que la boliviana  se encontraba presa en Tailandia por transportar droga. Les informó que Nancy estaba a la espera que le dicten sentencia de muerte por el delito cometido, ya que en ese país el tráfico de sustancias ilícitas es castigado con la perdida de la vida.

La Red Bolivisión a través de su periodista Joaquín Luna difundió la historia de Nancy cuya familia exige desesperada la intervención del Gobierno Nacional para evitar que la sentencia sea ejecutada y que la condena sea cumplida en el país.

La hija mayor contó que antes de viajar su madre atendía un restaurante vendiendo comida pero el dinero no alcanzaba para sustentar a sus ocho hijos.

Arancibia era padre y madre debido a que su pareja murió de una enfermedad años atrás.

“Cuando mis hermanos ven pasar un avión me dicen que ahí esta llegando mamá”, relató. 

La madre de la boliviana aprehendida tiene 77 años y llora en la habitación de su hija esperando su pronto regreso sin sospechar de la sentencia tailandesa.

“Solo pido que la puedan trasladar aquí para ver a mi hija por última vez”, insiste quebrada en llanto agarrando la fotografía de Nancy. La mujer sustenta a sus nietos criando y vendiendo cerdos en San Julián. A la fecha la familia poco o nada sabe de su proceso penal en ese país.

Hay 33 países que castigan con pena de muerte el narcotráfico en el mundo. Traficar droga, aún en pequeñas cantidades, puede costar la vida de quienes se arriesgan a llevar estas sustancias prohibidas. La pena se ejecuta mediante la horca o decapitación.

En octubre de 2013 Víctor Parada,  de nacionalidad boliviana  fue sentenciado a muerte en Malasia por llevar cinco kilos de cocaína en su estómago.

Ante las súplicas de la familia, el Gobierno intervino en el caos y logró su extradición a Bolivia en 2018.