“(Mi mamá) Me dijo que me escape, ella trancó la puerta y evitó que me dispare igual. Mi hermana también recibió los impactos de bala. Falleció mi madre”, recuerda Silvana Ch., con impotencia y entre lágrimas, cuando en septiembre de 2018 su exnovio Andrés Z. ingresó por la fuerza a su domicilio en horas de la madrugada y, tras una discusión, el mismo empezó a disparar hiriendo de gravedad a su hermana y a su progenitora, agresión a la cual la última no logró sobrevivir.

Al igual que Silvana, otros familiares de víctimas de feminicidio se reunieron con autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional en una comisión especial presidida por Sonia Brito.

En dichas sesiones, que duraron dos días, autoridades y ciudadanos tuvieron un acercamiento en el cual los últimos relataron sus experiencias tanto en los distintos hechos violentos como en las etapas posteriores, en las cuales varios describieron los obstáculos que atraviesan para conseguir justicia, incluso años después.

“Tratamos de seguir con nuestras vidas, pero tenemos miedo”, dijo Silvana CH. y relató que un año después del suceso violento el agresor no cuenta con una sentencia y la última audiencia fijada para el caso fue suspendida.

La jornada de ayer, estuvo presente el representante departamental de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, quien compartió ante las autoridades y víctimas presentes algunas observaciones y falencias causantes de la retardación de justicia que pudo detectar desde su experiencia.

PROTECCIÓN Los relatos de las víctimas evidenciaron que los casos de violencia denunciados llegaron a ser feminicidios porque no se protegió a las víctimas de manera oportuna.

Brito destacó que la etapa final de la violencia es el feminicidio.

Cox enfatizó que “el Ministerio Público tiene una mirada neutra que no activa los mecanismos de protección inmediatos”.

Varios testimonios evidenciaron la falta de toma de acciones oportunas para prevenir el trágico final que tuvieron sus familiares.

“INOCENCIA” Cox crticó la “presunción de inocencia” bajo la cual trabaja el sistema de justicia en el país.

“No existe esa ponderación de derecho de que es una víctima existente confirmada. No hay ‘presunta’ víctima en los feminicidios, ni en los actos de violencia”, dijo.

ESPECIALIDAD Durante las sesiones, se destacó también la falta de abogados especializados en la atención de casos de violencia, sobre todo en los municipios alejados de Cercado.

Cox dijo que varios aspectos son descuidados por esta causa.

Puntualizó que tras los feminicidios los niños quedan en una pugna entre los familiares de los agresores y de la víctima, “y esto suele quedar irresuelto”.

Agregó que, por ejemplo, el aspecto de la evaluación psicológica a los agresores también permanece descuidado en los procesos, lo cual termina en la reincidencia de los actos violentos.

Por último, destacó que detrás de los agresores no solo existe un abogado, sino todo un equipo de defensores.

“Urge una forma de sansionar a los abogados chicaneros, abusivos del conocimiento del uso del derecho”, afirmó.