La batalla legal que comenzó hace unos siete años, que incluyó un primer juicio anulado y otro con sentencia condenatoria, aún no llega a su final. En mayo de 2017, el exjuez Juan Antonio Urquidi Bellido fue declarado culpable de los delitos de prevaricato y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados y condenado a ocho años de presidio en el penal de San Sebastián (varones), en Cochabamba. El sentenciado ingresó al penal en febrero de 2019, desde donde activó una ‘acción de libertad’ y consiguió dejar esa cárcel en junio de este año.

Para la víctima Juan Belisario Vargas se cometieron irregularidades, entre ellas que no le notificaron con esa ‘acción de libertad’ y se vio sorprendido con la determinación, y no se cumplen los plazos procesales. Actualmente, aguarda el auto de vista de la Sala Penal Tercera que definirá probablemente en estos días si ratifica o rechaza ese recurso.

“Solo estoy pidiendo una justicia transparente, imparcial, correcta, legal, idónea, objetiva y que se apegue a la ley conforme a derecho. A este exjuez lo denunciamos por prevaricato y consorcio de jueces, fiscales y abogados. Esos delitos han sido confirmados por los diferentes tribunales, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia que sacó un auto supremo para que este señor cumpla su condena. Lo que han hecho con la mano quieren borrarlo con el codo cuando ya existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Hemos ganado en todas las instancias, en los dos juicios orales que se han llevado”, manifestó el denunciante.

PRIMER JUEZ SENTENCIADO

En diciembre de 2014, el exjuez fue sentado en el banquillo de los acusados en un juicio oral que se extendió por 10 días hasta que un Tribunal lo halló culpable del delito de prevaricato y lo sentenció a cinco años de prisión en el penal de San Sebastián. Se constituyó en la primera sentencia contra un juez en Cochabamba y Bolivia. 

Vargas no estaba conforme con el fallo judicial debido a que consideraba que él y la Fiscalía aportaron suficientes pruebas para demostrar que el exjuez, al igual que otros tres abogados, incurrió también en el delito de consorcio de jueces y abogados e incumplimiento de deberes.

La víctima refirió que el sentenciado apeló e interpuso recursos de casación, acciones de amparo, entre otros. Al final, ese proceso fue anulado y comenzó otro en el Tribunal de Sentencia Penal No 6, mismo que declaró autor y culpable al exjuez Urquidi por la comisión de los delitos de prevaricato y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados condenándolo a ocho años de pena privativa en la cárcel de San Sebastián (varones).

En el mismo proceso, la abogada Jakeline Suemi Mercado fue declarada autora y culpable de la comisión del delito de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados y la sentenciaron a cinco años de presidio a cumplirse en San Sebastián (mujeres). La mujer se encuentra prófuga de la justicia. Para otras dos personas se dictó sentencia absolutoria.

En 2019, El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la sentencia de ocho años de presidio, en contra del exjuez. El 28 de enero de ese año, la presidenta del Tribunal de Sentencia Penal No. 6 de la Capital ordenó que pongan en privación de libertad a Juan Antonio Urquidi Bellido, condenado a ocho años de presidio. Ese mandamiento se ejecutó dos semanas después, el 11 de febrero.

“Tuve que enterarme extraoficialmente de que el exjuez presentó una acción de libertad donde el Tribunal Constitucional Plurinacional le da la tutela y sus abogados la presentan inmediatamente en Cochabamba. Dos jueces técnicos le denegaron la tutela y volvió con la resolución del Tribunal Constitucional a Sucre. Se presentaron a un Juzgado de Sentencia No. 3, quien se convierte en uno de Garantías, donde le da la tutela y le da la acción de libertad sin convocar a las partes. Ni al Consejo de la Magistratura, que es parte querellante, ni a la Fiscalía ni a Transparencia. Se ha llevado casi a puerta cerrada esa acción de amparo, es irregular”, sostuvo Vargas.

Según la víctima, el exjuez debe presentarse periódicamente para firmar en el registro biométrico hasta que se resuelva si continúa libre o vuelve a prisión.

ANTECEDENTES

Urquidi, quien era juez de Instrucción en lo Civil de la Capital, atendió dos casos vinculados a Vargas; uno por interdicto de daño temido y otro por recisión de contrato. El caso data de hace más de 10 años cuando la víctima compró un departamento de una constructora. Él fue elegido presidente del condominio y junto a los vecinos identificaron irregularidades en los planos arquitectónicos e iniciaron el proceso. Después de un tiempo, la constructora lo demandó pidiendo la resolución de contrato por la venta y su caso recayó con el mismo juez.