Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 09 de marzo de 2021
  • Actualizado 06:21

Excomandante Zurita es imputado y Fiscalía pedirá reclusión preventiva

El exjefe policial es procesado por el delito de asesinato y tentativa de asesinato. Su abogado, Jhimmy Almanza, dijo que no hay riesgos procesales y que se están cometiendo “excesos”.
El excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita ingresa a la Fiscalía tras que lo citaran a declarar el pasado 14 de diciembre. OPINIÓN
El excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita ingresa a la Fiscalía tras que lo citaran a declarar el pasado 14 de diciembre. OPINIÓN
Excomandante Zurita es imputado y Fiscalía pedirá reclusión preventiva

El excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Edwin Zurita ha sido imputado por la comisión del delito de asesinato y tentativa de asesinato en el marco de las investigaciones por las muertes de Huayllani ocurridas el 15 de noviembre de 2019. Su audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo este viernes, cuando la Fiscalía pedirá su detención preventiva, por seis meses, en el penal de El Abra.

Los fiscales asignados al caso, en la resolución de  imputación formal del 18 de febrero, indicaron que en ese tiempo realizarán la reconstrucción de los hechos, harán el procesamiento informático del flujo de llamadas del imputado, recabarán declaraciones testificales e informativas de los cosindicados.

El Juzgado de Instrucción Cautelar No. 1 de Sacaba fijó para este viernes a las 09:30 la audiencia de medidas cautelares, según el documento de este 22 de febrero. La autoridad judicial advirtió que en caso de que el imputado no asista se declarará rebeldía y se expedirá el mandamiento de aprehensión conforme establece la Ley 1173.

Sobre la imputación y la solicitud de reclusión preventiva, Jhimmy Almanza, abogado del excomandante Zurita, calificó como un “exceso”.

“Emitir una imputación contra el coronel Zurita sobre la base de su propia entrevista es un exceso. Se basan en la entrevista testifical que primero le tomaron; sobre ese documento le ampliaron la investigación y ahora lo imputan. Se supone que ellos deben investigar y tener elementos probatorios testificales, documentales o periciales que indiquen de qué es responsable el Coronel, pero eso no hay”, señaló.

Almanza indicó que no existen elementos que prueben responsabilidad del excomandante en los delitos por los que ha sido imputado. “Hasta ahora, un año y tres meses del hecho, no nos han dicho cuál es su responsabilidad y cuáles son las pruebas que tienen para sustentar ello (…). Las pericias, los informes nos favorecen y los testigos no refieren más allá de decir que han sido impactados por arma de fuego”, sostuvo.

Según el abogado, el argumento de los fiscales es que Zurita al ordenar el uso de gases lacrimógenos facilitó el asesinato de los cocaleros.

Sobre la petición de detención preventiva, señaló que no existen riesgos para que asuman esa medida. “Él (Zurita) está en reserva activa, entonces qué contacto pudiese tener con la institución como tal. No podría obstaculizar la investigación y estamos hablando de un año y tres meses donde no han hecho nada”.

Añadió que, en la audiencia, demostrarán varios aspectos; entre ellos que Zurita no tiene participación en los delitos que se le atribuye. Dijo que hay planes operativos y documentación que demuestra que la Policía no portaba armas letales. “(Los efectivos llegaron a Huayllani) para hacer una contención pacífica, no para una masacre como dicen. Al verse rebasados, han tenido que tomar acciones como el uso de gases lacrimógenos, pero más allá de eso no han hecho”. 

PROCESO

El 9 de noviembre de 2020 se amplió la investigación contra el excomandante Zurita y el excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO) de Cochabamba, Alfredo Cuéllar. El general fue imputado y, en audiencia de medidas cautelares, le dieron detención domiciliaria.

El 19 de noviembre del mismo año, se amplió la investigación contra los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López. Además, del excomandante general de la Policía, Rodolfo Montero y el general Sergio Carlos Orellana C.

CONMINATORIA

El Juzgado recordó que ha transcurrido un año y tres meses del caso, es decir, que los 120 días que dispone la normativa procesal ha “pasado superabundantemente”.

Sobre las últimas ampliaciones, dijo que “no se cuenta con ningún requerimiento preliminar conclusivo, desobedeciendo de esta manera la comisión de fiscales lo que dispone la normativa procesal y a las distintas conminatorias realizadas por el Tribunal, consecuentemente se conmina por quinta vez a la comisión de fiscales, o a quienes se encontraren reemplazándoles para que en el plazo de 72 horas cumplan con dicha exigencia procesal, y en detrimento de una adecuada administración de justicia en perjuicio de las partes se ordena la notificación al fiscal departamental y fiscal general del Estado”, señala el documento de este 22 de febrero.