El juez de Instrucción en lo Penal y Liquidador No. 5 de Cochabamba determinó ayer que el subteniente de la Policía Kevin A.Q., imputado por el asesinato de su tío, sea enviado preventivamente, por seis meses, a la cárcel de El Abra. Sus abuelos dijeron que su nieto reaccionó en defensa de su tía, quien estaba siendo violentada por el victimado, y que sufriría de episodios traumáticos porque fue testigo hace 15 años del feminicidio de su madre.

“Él (Kevin A.) dice que todo pasó porque a su tía le estaba pegando su esposo y esa no era la primera vez. Es posible que haya reaccionado de esa manera porque hace unos 15 años, cuando él era pequeño, su madre fue asesinada por su pareja y él vio todo. Creció en un hogar y tiene traumas. Pensó que a su tía le iba a pasar lo mismo que a su mamá”, dijo su familiar Virginia Nina, mientras aguardaba el fallo judicial. 

El asesinato de Ramiro P., de 33 años, se registró el sábado 14 de mayo cerca de las 11:50 al interior de un departamento céntrico ubicado en la calle Uruguay casi Lanza. Según las investigaciones, la tía del imputado estaba siendo víctima de violencia por parte de su esposo cuando Kevin A., de 23 años, sacó su arma reglamentaria y disparó contra su tío político provocándole la muerte.

Ramiro falleció por shock hipovolémico por hemorragia aguda externa producido por proyectil de arma de fuego, detalla el examen médico forense.

Tras el hecho, dos mujeres (la tía y la hermana del procesado) fueron arrestadas y luego liberadas. Kevin inicialmente se dio a la fuga, pero fue capturado una hora después.

Según el fiscal asignado Edson Orellana, el imputado admitió haber matado a tiros a su tío. Al principio, solicitó someterse a procedimiento abreviado (para que sea sentenciado), pero cambió de parecer y se desarrolló una audiencia de medidas cautelares.

“El señor Kevin A. sería el probable autor de la comisión del hecho. El juez cautelar dispuso su detención preventiva considerando los riesgos procesales de fuga y obstaculización”, manifestó.

De momento, el caso se encuentra en etapa investigativa. Ese trabajo podría concluir en seis meses, pero el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar la ampliación de ese plazo si fuera necesario. En ese caso, el juez analizará los argumentos de los fiscales para dar curso o no a esa petición. 

El delito de asesinato se sanciona con presidio de 30 años, sin derecho a indulto, según el artículo 252 del Código Penal. Esa es la pena máxima en Bolivia.