El delegado defensorial departamental de Santa Cruz, Carlos Lara, junto a abogados de la oficina nacional de la Defensoría del Pueblo, presentó ayer denuncia penal ante la Fiscalía de Santa Cruz en contra de personeros de la Iglesia, personal del Hospital Percy Boland y servidores de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Yapacaní por incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones e inconstitucionalidad y trata de personas por la presunta inacción en la interrupción legal del embarazo de la niña, de 11 años, que cursa 21 semanas de gestación a consecuencia de los vejámenes de su abuelastro.

“Con esta denuncia se busca que no quede impune estos hechos de tortura que pasó una menor de edad”, dijo Mauricio Soto, director nacional de la oficina defensorial.

Sobre el caso, Lara manifestó que hubo “presión” sobre la niña de parte de algunas instituciones y eso la hizo cambiar de parecer. La víctima inicialmente estaba decidida a interrumpir el embarazo e incluso los médicos estaban preparándola para esa intervención, pero recibió la visita de personeros de la Iglesia y otros activistas y su decisión cambio. El martes, fue dada de alta del hospital y trasladada a un centro de acogida de la Iglesia, quienes le prometieron ayudarla durante todo el embarazo con psicólogos y médicos. Además, la apoyarán en sus estudios y todo lo que necesite en lo académico considerando que ella dijo que “quiere seguir estudiando”.

La niña sigue con su embarazo y su bebé sería dado en adopción cuando nazca, según cercanos a la víctima.

Para el Sistema de Naciones Unidas de Bolivia, la Defensoría del Pueblo y algunos Ministros, que se pronunciaron a través de sus redes sociales, someter a la niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura”. Consideran que debería cuidarse los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados porque no solo pone en riesgo la vida, su salud, su proyecto de vida, sino que atenta contra su salud mental, emocional y su anatomía corporal.

Por ello, Naciones Unidas exigió que el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Asimismo, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó que tomará acciones legales nacionales e internacionales por el caso de la niña embarazada que vivió una serie de agresiones sexuales. Acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ya presentó, a través del delegado y otros funcionarios, la demanda penal que podría derivar en la privación de libertad de entre 15 a 20 años de los denunciados.

La Sentencia Constitucional 206/2014 establece el acceso a un aborto legal y seguro en caso de que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.