La defensa legal del juez de Ejecución Penal de La Paz, Rafael Alcón Aliaga, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, buscando revocar la resolución de detención preventiva de su cliente por seis meses en la cárcel de San Pedro.

El abogado Erick Sosa observó la decisión del juez por emitir una resolución conculcatoria de sus derechos y acusó de incongruente la resolución pronunciada este sábado, tras casi siete horas de audiencia cautelar por el caso del femenicida serial Richard Choque Flores.

“Nos ha provocado agravios ya que incluso se ha conculcado la valoración intelectiva de los elementos de convicción y no emitió criterio valorativo de dichos elementos de cargo, menos de los argumentos de la defensa”, dijo en la audiencia donde se resolvió que el juez Alcón será procesado por incumplimiento de deberes, prevaricato, supresión y sustracción de documentos.

Explicó que el juez Alcón atendió el caso de Richard Choque durante la vacación colectiva de fines del 2019 y cuando acabó la misma, el expediente retornó al juzgado de origen que debió hacer el seguimiento del caso. Con ese argumentó rechazó lo afirmado por la fiscalía en sentido que el juez destruyó o hizo desaparecer el expediente.

Lamentó que los fiscales no cumplan el principio de unidad que rige en el Ministerio Público y hoy se rasguen las vestiduras haciendo una parafernalia con la situación del juez Alcón, cuando el fiscal asignado al caso tenía la información del caso.

En ese marco, trasladó la responsabilidad de control al representante del Ministerio Público, porque pese a estar notificado legalmente con la detención domiciliaria otorgado a Richard Choque Flores, el fiscal  no apeló ni se opuso.

Sosa manifestó que no existen elementos fehacientes para inculpar al juez Alcón por prevaricato, porque sus resoluciones se apegaron a la normativa nacional y al bloque de constitucionalidad de tratados y convenios internacionales.

“Lo que quieren es mostrar y decir aquí está la cabeza de Rafael Alcón y justificar la inseguridad ciudadana, buscando pseudos culpables y retroactivos todavía, como si tuviéramos nosotros la facultad de adivinar el futuro de lo que iba a hacer Richard Choque, cuando está claro en materia penal la responsabilidad es intuitu personae​”, dijo en su intervención de defensa de casi 1 hora y 20 minutos.

Negó que se haya cometido algún delito al no verificar el certificado de enfermedad presentado por Choque, porque ese es un trabajo del IDIF.

Considera que la medida de detención preventiva es “exagerada, desmedida y no es acorde con el principio de convencionalidad que rige la materia en relación a la proporcionalidad” del caso.

Manifestó que los aplausos de la gente o la relevancia social no es un parámetro para definir la detención de las personas, sino hay que tomar en cuenta las sentencias constitucionales que dan líneas y modulan requisitos para solicitar una medida cautelar extrema.