Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 20 de enero de 2021
  • Actualizado 20:48

Defensa de Cuéllar: Plan no autoriza el uso de armamento letal en Sacaba

La Fiscalía ordenó la aprehensión del comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba acusado de asesinato por las muertes de Huayllani; ven riesgo de fuga y obstaculización.

 El comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, cuando era trasladado a dependencias policiales. Captura de video
El comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, cuando era trasladado a dependencias policiales. Captura de video
Defensa de Cuéllar: Plan no autoriza el uso de armamento letal en Sacaba

El comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, fue aprehendido la tarde de este martes tras prestar su declaración informativa en la Fiscalía de Sacaba. Es acusado de presunto asesinato en el marco de las investigaciones por las muertes en Huayllani ocurridas el 15 de noviembre de 2019.

Su abogado, Edwin Paredes, señaló que el General cumplía funciones administrativas y no de operación. Además, acotó que presentó el plan estratégico del trabajo general del mes de noviembre, que se realizó por orden del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, mismo que “dice que no se debe usar armamento letal”.

Ese plan establece el empleo de munición no letal e incluso para su uso tendría que existir una orden. “Los comandantes de la Séptima División, del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea y Naval y comandante de la Policía son quienes dan las órdenes de operaciones, no el general Cuéllar. Su trabajo es de coordinación y administración”, sostuvo.

Cuéllar se presentó a la Fiscalía de Sacaba al promediar las 14:00. Su abogado señaló que se vieron sorprendidos cuando la aprehensión salió por el presunto delito de asesinato puesto que la citación para su declaración en calidad de investigado contemplaba los delitos de homicidio y lesiones gravísimas.

El General se encuentra en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Sacaba, en la zona de Quintanilla. Su defensa se alista para la audiencia de medidas cautelares y aguardan la imputación del Ministerio Público.

En tanto, la esposa de Cuéllar aseguró que su esposo es inocente y pidió que prime la justicia. Además, solicitó que Derechos Humanos siga el caso.

Acotó que el General se encuentra tranquilo porque “quien nada hace nada teme”.

RIESGOS PROCESALES

Para la comisión de fiscales, Lizeth Martínez, Richard Villaca y Giovani Campos, existe los suficientes elementos de convicción en contra de Cuéllar en el caso de Huayllani, que se investiga de oficio. “Al existir riesgo de fuga y obstaculización se emitió una orden de aprehensión en contra suya y se harán los actos investigativos pertinentes”, indicaron.

Paredes no coincide con esas apreciaciones porque, en su criterio, su cliente se ha presentado al proceso y ha prestado su declaración informativa de manera voluntaria mostrando interés de coadyuvar en el caso.

“El General ha aportado con documentación. Además, ha pasado más de un año desde ese suceso y él continúa ejerciendo sus funciones y no tiene pretensión de escapar u obstaculizar las investigaciones. Al contrario, aportará con elementos constitutivos para salir adelante en este proceso”, manifestó.

Cuéllar evitó brindar declaraciones ante los medios de comunicación, mientras salía de la Fiscalía tras que ordenaran su aprehensión y fuera conducido en un vehículo policial hasta celdas de la FELCC.

La Fiscalía citó a declarar no solo al general Cuéllar, también al excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita, quien fue posesionado en ese cargo una semana antes del 15 de noviembre y dejó el puesto en enero de este año.

Según información de la comisión de fiscales, Zurita no se presentó a declarar, pero aclararon que tiene 24 horas para justificar su ausencia.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el Gobierno considera que la independencia judicial debe ser parte de la construcción del restablecimiento de la reconciliación nacional al ser consultado sobre su posición respecto a la aprehensión del general Cuellar, en el programa Buena Noche de OPINIÓN. 

“Los jueces son los encargados de tomar decisiones y el fiscal General del Estado es el responsable de acusar penalmente. No va a intervenir ni emitir posición el Gobierno del presidente Luis Arce porque respetamos el artículo tres de la Ley 1970 que señala con claridad que por ningún motivo y en ningún caso debemos intervenir en procesos concretos y en definitiva nuestra posición es que la justicia actúe en el marco del debido proceso”, manifestó.

Acotó que la Fiscalía debe aplicar el principio de objetividad garantizando a los bolivianos, a las víctimas y a los imputados el respeto a las garantías constitucionales. “Está en manos de la justicia y el Gobierno no se va a pronunciar sobre casos concretos”.

LAS MUERTES

Al promediar las 16:00 comenzó el enfrentamiento en Huayllani, el 15 de noviembre de 2019. Los militares y policías estaban apostados del lado de la tranca o retén y los manifestantes, que pedían ingresar en una marcha a la plaza 14 de Septiembre y después seguir en caminata hacia La Paz, se encontraban en frente, cerca de la estación de servicio.

El sector estuvo negociando su ingreso a la ciudad por casi cuatro horas, pero los efectivos rechazaban esa posibilidad argumentando que podían ocasionar destrozos y daños. La violencia estalló en horas de la tarde, cuando se escuchó el silbido de presuntamente balas.

Ese día, los cocaleros salieron de Sacaba cerca del mediodía. Se dirigieron hasta el puente de Huayllani, en el kilómetro 10.5 de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, pero no pudieron seguir porque un contingente policial y militar les impidió el paso.

A las 18:00, se confirmaban cinco fallecidos, pero la cifra subió a nueve con el paso de las horas, todos del sector cocalero. Los muertos y heridos iban llegando al hospital México de Sacaba, el nosocomio colapsó porque había decenas de personas que buscaban atención médica.

Roberto Sejas Escobar, Emilio Colque León, César Sipe Mérida, Armando Caraballo Escobar, Juan López Apaza, Marcos Vargas Martínez, Lucas Sánchez Valencia, Plácido Rojas Delgadillo y Omar Calle Siles son las nueve personas que fallecieron a consecuencia de impactos de bala en el cráneo, tórax o abdomen.

El 11 de junio de este año, perdió la vida la décima víctima de Huayllani. Se trata de Julio Pinto Mamani, quien estuvo luchando por su vida con una bala que se alojó en su cabeza aquel “viernes negro”. Los fallecidos pertenecían a las federaciones Trópico, Yungas Chapare y Centrales Unidas. 

La organización denominada “Héroes de la Democracia” contempla 12 fallecidos en sus listas. Los otros dos son Miguel Ángel Gonzales Ledezma y Roger Gonzales, fallecidos el 11 y 29 de noviembre, respectivamente. El primero habría muerto tras ser disparado por uniformados desde un helicóptero, según la agrupación.

El 16 de noviembre, los familiares velaron los restos de sus seres queridos en el puente de Huayllani, lugar donde fallecieron el día anterior. Cientos de personas llegaron hasta esa zona con velas y flores para despedirlos.

Más tarde, los dolientes trasladaron los cuerpos de los fallecidos hasta el IDIF para que realicen la autopsia de ley. Esa misma noche, el representante departamental de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, informó que los nueve decesos fueron a consecuencia de proyectiles de arma de fuego.

Las movilizaciones se dieron tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la sucesión de Jeanine Áñez como presidenta transitoria en medio del conflicto poselectoral.

El 11 de noviembre de 2019, Morales partió, en calidad de refugiado, desde el aeropuerto de Chimoré con destino a México, país que dejó un mes después para dirigirse a Argentina, con el mismo estatus. Desde entonces, se sumaron fuerzas que exigían su retorno y la renuncia de Áñez, y viceversa.