El chileno y comercializador de autos robados, Muhammed Hussain, alias 'El Pakistaní' o "Baba",  que es parte de una organización criminal dedicada a ese ilícito, aseguró que en Bolivia es fácil de operar y que tiene contactos con uniformados de la Policía Boliviana.

Según el investigador chileno Hugo Bustos, el exsubdirector de la Dirección de Propiedades de Vehículos (Diprove), Rolando Téllez,  lo ayudó a que no sea detenido por el delito de extorsión en Bolivia, cuando pidió una suma de Bs 4.500, a una de su víctimas por la recuperación de un automóvil en julio del 2021.

Urgente.bo accedió al informe pericial realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), al celular de Hussain y halló conversaciones por WhatsApp con un hombre que se llama Luis Alberto, a quien le dice que está en el Estado Plurinacional y que es muy fácil operar desde el país.

La preferencia de los vehículos robados que comercializaba el que se hacía llamar "El Pakistani" o "Baba", eran camionetas 4x4 a gasolina.

En los mensajes del 6 de julio del 2021, entre Luis Alberto y Hussain hace referencia a que en Bolivia todo se mueve con dinero.

"Otro mundo Bolivia", se lee en el escrito. "Aquí (Bolivia), todo se puede reglar (arreglar) con dinero", añade otro de los mensajes del chileno. "Por eso moveré contacto para recibir e frontera", le responde Luis Alberto.

"Si hermano, (yo) igual necesito contacto de Santiago Chile (...) aquí hay cualquier pedido, como trabajo con la Policía, yo aquí", dice ´Baba´ en otra de las conversaciones. "Allá (Bolivia) con la Policía nadie jode", replica Luis Alberto.

El negocio de los autos robados y de la organización a la que pertenece el comercializador es tan grande, que incluso se habla de cambiar armas por autos.

"Hola hermano, me preguntan por el precio de las armas", escribió Luis Alberto en otro de los mensajes del 8 de julio del 2021, a lo que el chileno le responde: "Se cambia por autos, cuál quieren".

El Informe técnico pericial fue expedido el 21 de enero del 2022 y fue realizado a pedido de un fiscal boliviano, que investigó el hecho de extorsión cometido en el país.