Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 03 de julio de 2022
  • Actualizado 00:25

Caso de niña embarazada enfrenta a médicos y Defensora del Pueblo

La menor, de 12 años, tiene 29 semanas de gestación. La Junta médica dice que la interrupción legal del embarazo puede realizarse máximo hasta la semana 22.

Frontis del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi ubicada en la avenida Aniceto Arce, Cochabamba. DICO SOLÍS
Frontis del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi ubicada en la avenida Aniceto Arce, Cochabamba. DICO SOLÍS
Caso de niña embarazada enfrenta a médicos y Defensora del Pueblo

El caso de una niña, de 12 años, violada y embarazada de siete meses enfrenta a la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y a la Junta Médica del hospital Materno Infantil Germán Urquidi de Cochabamba. Los últimos consideran que no corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por la edad gestacional e hicieron conocer que ese procedimiento debió realizarse máximo hasta la semana 22.

Para Cruz obligar a una niña a ser madre se constituye en “tortura” y advirtió que interpondrá acciones constitucionales. “Vamos a presentar una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado boliviano debido a que siguen ejecutándose hechos de tortura. Se hará una solicitud de petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque este tipo de casos deben dejar de naturalizarse en el país”. 

Acotó que formalizarán una demanda penal en contra de las defensorías de la Niñez de Chimoré y Cercado, del Centro de Salud San Juan de Dios y del personal médico del Hospital Germán Urquidi por presunto incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y tortura. 

Recordó que la Sentencia Constitucional 0206/2014 establece el acceso a un aborto legal y seguro en caso de que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.

POSICIÓN MÉDICA

El director del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, Antonio Pardo, señaló ayer que, desde el punto de vista médico, la interrupción legal del embarazo se realiza máximo hasta la semana 22, pero la niña agredida sexualmente por su abuelastro en Chimoré, quien se encuentra hospitalizada, cursa la semana 29.

Dijo que el bebé podría sobrevivir, pese a la intervención, y presentar parálisis o daños cerebrales, ceguera u otras complicacio- nes. “Hemos hecho una junta médica y no estamos de acuerdo con interrumpir el embarazo de siete meses, ya que el objetivo es preservar la vida del ser humano, ya que no es culpa del bebé estar en esa situación (...). Es un niño que está avanzada en la gestación, si sobrevive el niño ¿quién se hará cargo?”, preguntó Pardo. 

Acotó que también hay riesgos para la menor de edad, entre ellos hemorragias e infecciones.

Sugirió que el embarazo de la niña llegue a la semana 34, es decir, unas cuatro semanas y media más, y luego que el niño sea dado en adopción.

Para Cruz eso significa someter a la víctima a casi cinco semanas más de “tortura”.

Según la defensora del Pueblo, la menor de edad suplicó que interrumpan su embarazo porque no aguanta más y lo único que quiere es volver a su hogar donde la esperan sus hermanitos.

“Estamos solicitando que se otorgue a la menor de edad una asistencia integral multidisciplinaria y que nos digan cuál es la situación de salud de la niña”, dijo. 

Añadió que la denuncia de violación fue puesta el 2 de junio a conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chimoré y del Centro de Salud San Juan de Dios, pero que “la respuesta de estas instancias de protección ha sido nula pues la dejaron de lado y resguardaron otros derechos ajenos a ella”.

Señaló que es urgente la participación activa del Servicio Departamental de Salud (SEDES), del Gobernador de Cochabamba y de los alcaldes porque considera que el personal de las defensorías y de salud están siendo “cómplices de un hecho de tortura”.

SUBE DEMANDA DE ILE

Pardo informó que realizaron siete interrupciones legales de embarazo en lo que va del año. Esa cifra es casi el doble de los practicados durante el primer semestre de 2021.

“Cuatro casos atendimos en seis meses el año pasado. También es alarmante que los embarazos de niñas no se detecten a tiempo”.