El fiscal departamental de Beni, Ruthiar Vásquez, informó que, tras tomar conocimiento del caso de un hombre quemado vivo en una comunidad tsimane, desplazaron un equipo a la localidad de Cantumare.

El Ministerio Público comenzó de oficio la investigación y envió al fiscal asignado en el asiento de San Borja, junto con un médico forense, un traductor y policías, a la zona para realizar las primeras diligencias con la intención de esclarecer el crimen.

“La investigación se activó de oficio y se están haciendo las gestiones necesarias para el traslado tomando en cuenta las condiciones climatológicas (…). Vamos a hacer las averiguaciones de este caso”, informó, en una entrevista difundida por La Palabra del Beni, la autoridad fiscal.

Sobre el caso, Carlos Saravia, miembro del Gran Consejo de tsimane, señaló, en un anterior contacto con ese medio de comunicación, que supo que el hombre fue quemado vivo debido a que habría sido sorprendido intentando matar a una persona, hace unas dos semanas. Además, la población conocía que antes ya había asesinado a dos personas más, entre ellas su hermano. Esos hechos habrían ocurrido en 2020 y esta gestión.

El hombre fue atado y conducido hacia una zona con pastizales donde le rociaron presuntamente combustible. Luego, uno de los comunarios le prendió fuego y acabó con su vida, mientras varias personas fueron testigos del hecho, según se observa en el video que se viralizó en redes sociales.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su rechazo al linchamiento que sufrió ese hombre que fue quemado vivo. Según la entidad defensorial, ese hecho se produjo el 19 de marzo.

Cruz, en una entrevista con Bolivisión, señaló que ha conocido de unos cinco o seis casos de linchamientos en distintos departamentos del país, en lo que va del año. Aclaró que esta violencia extrema no puede considerarse como justicia indígena originaria campesina, pues la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, en su artículo 6 establece la prohibición de la pena de muerte.

“En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute”, dice ese artículo.

Asimismo, el delito de asesinato es sancionado con presidio de 30 años, sin derecho a indulto, de acuerdo con el artículo 252 del Código Penal.