Israel R.V., capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), fue aprehendido ayer en el marco de las investigaciones por las muertes de Huayllani ocurridas el 15 de noviembre de 2019, en Sacaba.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Jhonny Corrales, informó que dieron cumplimiento a la orden de allanamiento y aprehensión. Se prevé que hoy se desarrolle su audiencia de medidas cautelares.

Sobre el caso, el representante de las víctimas de Huayllani, Gerardo Puma, manifestó que el capitán comandó un grupo especial, que portaba fusil Galil calibre 5.56 x 45 mm, en la operación del 15 de noviembre en Sacaba. “Con ese armamento han matado a los 10 hermanos según las autopsias realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)”.

Para Puma, el capitán debe ser enviado con detención preventiva a una cárcel, mientras se investiga el caso.

GENOCIDIO

Se amplió el delito de genocidio contra cuatro personas; dos policías y dos militares. Los otros tres son el general Alfredo Cuéllar, excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO); el coronel Rodolfo Montero, excomandante general de la Policía y el militar Franz V.G., quien estuvo a cargo del Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea (GADA) 92, quienes ya estaban siendo investigados por los presuntos delitos de asesinato y tentativa de asesinato.

Cuéllar tiene detención domiciliaria con derecho al trabajo y sin custodios, mientras Montero se defiende en libertad con medidas cautelares personales. En tanto, Franz V.G. se encuentra con detención preventiva en el penal San Pedro de Sacaba. Los tres fueron citados entre el 19 y 20 de agosto para ampliar su declaración.

Sobre el tipo penal, la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, informó que tienen los elementos suficientes para investigar el caso por genocidio. “Tres (imputados) prestaron su declaración de ampliación respecto a este último tipo penal (…).  Ha habido una última ampliación de la cual hoy (ayer) se recibió su declaración de abstención y el Ministerio Público emitirá las resoluciones que correspondan en el transcurso de las 24 horas”.

Explicó que el caso está en fase investigativa y que el tipo penal no es un “elemento cerrado”. “Para la acusación, el Ministerio Público cierra una postura que todavía no la hemos hecho. Seguimos trabajando en el marco de la investigación bajo la objetividad y exhaustividad que la constitución y la ley nos exige”.

Para Edwin Paredes, abogado del general Cuéllar, no hay “solvencia para sustentar ese delito” al menos en cuanto a su defendido. “Están haciendo este tipo de ampliaciones sin ninguna fundamentación. Se están vulnerando derechos y garantías constitucionales (…). La Fiscalía tiene que investigar de manera objetiva e imparcial”.

Acotó que han pedido una inspección a las salas de arma, entrevista a la expresidenta Jeanine Áñez, citación al excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, entre otros actuados, que aún no han sido atendidos.

Paredes considera que se están vulnerando los derechos civiles, políticos, al debido proceso y la pronta justicia. Por ello, alistan una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de defensa internacional.

IMPUTADOS

Por el caso Huayllani, ocho personas fueron imputadas por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y genocidio.

Tres fueron declarados rebeldes. Se trata de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, y el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana. En tanto, el general Cuéllar, el coronel Montero, el militar Franz V.G. y el excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita se sometieron al proceso. A ellos, se suma el capitán Israel R.V., recientemente aprehendido.