Jhasmani Ramiro Torrico L., conocido como el “abogado del diablo”, fue sentenciado a seis años y seis meses en el penal de San Sebastián por los delitos de secuestro y lesiones en el “caso mecánico”. Junto con él recibieron condena otras seis personas implicadas en el proceso que comenzó hace casi tres años.

Marcos Fernando Farfán C. y Wilder Guzmán M. fueron sentenciados a cinco años y seis meses en el penal San Pedro de Sacaba. Riosby Torrico M. recibió una pena de cinco años y tres meses a cumplirse en San Sebastián (mujeres).

Para los dueños de la casa Elena Sotelo y José Benito Arauco Q., y su hijo Gustavo Arauco, se dio pena de cinco años a cumplirse en la cárcel de San Sebastián (mujeres) y San Antonio, respectivamente.

La Fiscalía, en la acusación, pidió entre 13 y 8 años para los imputados por los delitos de secuestro, extorsión y lesiones, aunque la pena máxima por el primer delito es de 15 años. Sobre el dictamen, la fiscal Faridy Arnez consideró que se les ha “dado una pena mínima” y que los jueces vieron que hay “más atenuantes que agravantes”.

Según el artículo 334 del Código Penal, “el que secuestrare a una persona con el fin de obtener rescate u otra indebida ventaja o concesión para sí o para otros como precio de libertad de la víctima, será sancionado con la pena de cinco a 15 años de presidio”.

Arnez señaló que esperarán que las autoridades judiciales expliquen su resolución porque, en su criterio, el Ministerio Público acreditó que lo que “más existe son agravantes”.

En tanto, Jhasmani Torrico anunció que apelará al dictamen porque no fue unánime y hubo un juez disidente, la presidenta del Tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo.

“Se ha dado una sentencia mixta porque dos de los jueces consideraron que existe secuestro y lesiones, pero la Presidenta tiene un criterio distinto y considera que hubo extorsión y lesiones (…). Obviamente se dictó la sentencia porque el criterio mayor lo asume la mayoría, dos de tres jueces en este caso, y eso abre camino a que pueda plantear la apelación restringida”.

El “abogado del diablo” dijo que notó injerencia del Ministerio de Justicia en el caso y, en su criterio, los jueces buscaron un “punto medio” en su decisión.

La defensa de Jhasmani y otros imputados, durante el juicio oral, solicitaron una sentencia absolutoria.

El abogado de la familia Sotelo Arauco manifestó su desacuerdo en el fallo y también formularán su apelación.

El juicio oral por el “caso mecánico” comenzó el 17 de noviembre de 2020 y se dictó sentencia condenatoria este 25 de febrero de 2021.

EL CASO

El 16 de marzo de 2018, tres hombres llegaron al taller de Juan Antonio Cuéllar pidiendo auxilio para una movilidad varada a unas cuadras. El mecánico sacó sus herramientas y subió a un taxi hasta llegar a un Toyota RAV4 que tenía el capó abierto, donde lo redujeron, le hicieron toques eléctricos y le vendaron los ojos para llevarlo hasta un inmueble donde lo torturaron sumergiéndole la cabeza en un bañador con agua y a golpes.

Cuéllar fue obligado a firmar un documento en el que admitía la devolución de 20 mil dólares por un anticrético. Para ello, le tomaron fotografías contando billetes, junto a los dueños de la propiedad, pero no recibió ni un dólar.

La víctima, tras escuchar el fallo, expresó su descontento puesto que pedía la pena máxima para los implicados en su secuestro y torturas. Señaló que pedirá garantías porque teme por su integridad y la de su familia.

“Sigo corriendo riesgo porque son seis años de cárcel y después dónde voy a acudir. Esperaba que le den más años por el delito cometido, pero esa es la determinación de los jueces. Ojalá que no salgan en unos meses”, manifestó.