A dos años de los hechos luctuosos en Huayllani, los familiares continúan pidiendo justicia y anuncian marcha, desde Caracollo, a la ciudad de La Paz. Por el caso, hay solo dos militares con detención preventiva en cárceles de Cochabamba.

Para los familiares, el proceso avanza lento y el dolor sigue latente. No hay sentenciados y los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, y el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana se encuentran en calidad de “rebeldía”.

“Hace dos años se ha registrado aquí (en Huayllani) una masacre, pero a consecuencia de una lucha no solo por ideales, sino una lucha democrática de un pueblo organizado (…). Recuerdo con mucho dolor todo lo que se ha registrado el 15 de noviembre de 2019 y ese dolor, no solo de los familiares sino de todos los compañeros, no puede ser en vano (…). Esos hermanos que han caído acá por defender un proceso de cambio, por defender un Gobierno, por defender lo que era legítimo y por esa defensa penosamente han sido reprimidos, esa represión no va a quedar en el anonimato e historia porque se va a exigir justicia (…). Basta de pedir justicia, tenemos que exigir justicia desde donde nos toque estar”, manifestó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, quien era el delegado defensorial del Pueblo en Cochabamba durante los hechos luctuosos.

MARCHA

El ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, David Veizaga, dijo que las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba ratificaron que el 23 de noviembre comenzará la marcha, de Caracollo a la ciudad de La Paz, pidiendo justicia por los muertos de Huayllani, respeto a la democracia y apoyo al Gobierno central.

Al respecto, el senador Leonardo Loza dijo que unas dos mil a tres mil personas partirán de Caracollo a la sede de Gobierno y que otros irán sumándose en el camino. “La investigación (por el caso Huayllani) avanzó algo. Tenemos algunos autores con detención preventiva y ojalá la justicia pueda acelerarla porque es fácil matar, es fácil firmar un decreto que entrega como carta blanca a las Fuerzas Armadas y Policías para asesinarnos. Avanzó poco (las investigaciones), pero ojalá pueda avanzar con mayor fuerza otorgándole sentencia a hombres y mujeres que han matado a nuestros compañeros no solo en Sacaba, sino en diferentes puntos del país”.

PROCESADOS

Franz Vargas G. e Israel R.V. son los dos militares que fueron enviados preventivamente a prisión. El primero estuvo a cargo del Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea (GADA) 92 y el segundo, capitán de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB), habría comandado un grupo especial en noviembre de 2019.

En tanto, el general Alfredo Cuéllar, excomandante del Comando Estratégico Operacional (CEO) y el excomandante de la Policía Jaime Zurita tienen detención domiciliaria. El excomandante general de la Policía Rodolfo Montero está siendo investigado, pero tiene detención preventiva por el caso Senkata.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) concluyó que en Sacaba hubo “masacre” y “ejecuciones sumarias”.