Pablo Erasmo P.G., implicado en el caso “Tierra Dulce”, fue enviado este jueves al penal de San Antonio, con detención preventiva, por la comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples. El hombre arribó el miércoles a Cochabamba, desde Estados Unidos, y fue aprehendido por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en el aeropuerto Jorge Wilstermann tras gestiones realizadas con Interpol.

La Justicia ordenó que el acusado tenga custodio permanente ante las amenazas contra su vida, “sea bajo exclusiva responsabilidad de Régimen Penitenciario y el Director del recinto penitenciario de San Antonio” para que el mismo permanezca detenido hasta nueva orden.

En 2015, el caso fue denunciado por varias víctimas y ya cuenta con acusación con miras a juicio oral. Pablo Eramos P.G., sus dos hermanos y otras personas fueron acusadas de estafa múltiple porque habrían captado a más de 250 inversionistas para la compra de terrenos y producción de stevia, con la promesa incumplida de retribuirles con altos intereses.

La Policía dio a conocer que hoy llega uno de los hermanos de Pablo P.G. y se prevé que en los próximos días llegue el tercero.

Sobre el caso, el vocero departamental de la FELCC, Alexander Vargas, explicó que los denunciados habrían creado una “empresa ficticia” donde ofrecían altas ganancias a sus inversionistas que vivían en la zona sur de Cochabamba y el Trópico. También se conoció de otras víctimas en Santa Cruz y otras ciudades del país.

Los tres hermanos presionados por los “inversionistas”, quienes exigían inspeccionar los terrenos de producción, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Durante las últimas semanas a través del control migratorio se ubicó a Pablo P.G. en Estados Unidos y se activó la alerta migratoria para que en coordinación con Interpol el demandado sea trasladado hasta Cochabamba y sea puesto ante un juez.

“Según el informe de Interpol, el imputado estaba en ese país como migrante o indocumentado. Verificando su estadía se pudo activar la alerta migratoria y se hicieron los trámites administrativos necesarios para que se ejecute el mandamiento en tierra boliviana”, manifestó.

Los afectados, cuando denunciaron la estafa, manifestaron que querían recuperar el capital que invirtieron que oscilaba entre 20 mil y 50 mil bolivianos.