“Con la familia y la salud no se mete”, “Pronto libre ja ja ja”, “Debiste pensar mil veces antes de meterte con mi familia, ahora la pagarás” y “¿Duermes bien?, pronto será para siempre”, son algunos de los mensajes que recibió Faridy Arnez, fiscal asignada al ‘caso mecánico’, donde Jhasmani Torrico Leclere, conocido como el “abogado del diablo” o el “abogado torturador”, fue condenado al igual que otras seis personas más.

Las amenazas contra la fiscal se han dado desde hace varios años. En 2019, se conoció por unos audios que Torrico pretendía contratar sicarios para acabar con la vida de Arnez.

Sobre las últimas amenazas, la fiscal del departamento de Cochabamba, Nuria Gonzáles, informó ayer que el Ministerio Público abrió hace unas semanas una investigación de oficio para identificar al autor o los autores que estuviesen infligiendo esas advertencias por mensajes al celular de Arnez.

“Estamos en la fase de investigación preliminar para establecer quién o quiénes habrían sido las personas que hubieran infligido estas amenazas a través de medios digitales particularmente mensajes a su celular (…). Está en curso la investigación, se hará una triangulación de llamadas, desdoblamiento y un trabajo técnico científico que nos va a poder dar cuenta de quién o quiénes serían los responsables”, manifestó Gonzáles.

La Fiscal del departamento dijo que el Ministerio Público activó el programa de protección a víctimas y testigos en todos los casos en los que está involucrado el “abogado del diablo”.

SIN DEFENSA PÚBLICA

Torrico recientemente se quedó sin abogados de Defensa Pública debido a que presuntamente los amenazaba.

Los juristas presentaron la denuncia al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba poniendo a su conocimiento todo lo ocurrido y solicitando se nombre defensor de oficio para Jhasmani Torrico puesto que ya no será patrocinado por Defensa Pública.

“Me haré pagar mi rabia con la hija de p… de tu jefa. Le voy a llamar para carajearle, quién m… cree que soy con quien p… creerá que está tratando. Le mandaré un amigo a su casa, sé dónde vive esa hija de p…”, “Te voy a decir una cosa caballero, yo no soy ningún pe… y tarde o temprano voy a estar libre y cuando eso pase tú me vas a decir a punta de madrazos quién te ha ordenado que retrases mi trámite de arraigo. Más te vale que mañana recojas de migración el certificado y lo presentes a Quillacollo”, “Salgo y me vas a decir que p… es de voz mi esposa para que ande detrás de ti para que tú hagas tu trabajo. Se acabó el buena gente”, son algunos de los mensajes que mostró la red ATB, como prueba de las amenazas que recibirían los abogados de Defensa Pública.

EL CASO

El 16 de marzo de 2018, tres hombres llegaron al taller de Juan Antonio Cuéllar pidiendo auxilio para una movilidad varada a unas cuadras. El mecánico sacó sus herramientas y subió a un taxi hasta llegar a un Toyota RAV4 que tenía el capó abierto, donde lo redujeron, le hicieron toques eléctricos y le vendaron los ojos para llevarlo hasta un inmueble donde lo torturaron sumergiéndole la cabeza en un bañador con agua y a golpes.

Cuéllar fue obligado a firmar un documento en el que admitía que le devolvieron 20 mil dólares por un anticrético. Para ello, le tomaron fotografías contando billetes, junto a los dueños de la propiedad, pero no recibió ni un dólar.

La víctima continúa peregrinando por justicia. Jhasmani Torrico es investigado en cinco procesos; el ‘caso mecánico’, donde el ‘abogado del diablo’ fue condenado a seis años y seis meses de prisión, es el único que lo mantiene en la cárcel. La víctima clama que no lo dejen salir debido a que teme por su integridad y la de su familia.