Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 18 de noviembre de 2019
  • Actualizado 16:07

SE HACEN ACTAS DE OPOSICIÓN

Cinco de 12 entierros se realizan sin la autopsia en el Trópico

Familiares y dirigentes llegan a amenazar a los profesionales que intentan realizar un procedimiento.
Familiares de un muerto en Itapaya velan el cuerpo en plena carretera/AYAR WARI
Familiares de un muerto en Itapaya velan el cuerpo en plena carretera/AYAR WARI
Cinco de 12 entierros se realizan sin la autopsia en el Trópico

El Reglamento de Cadáveres, Autopsias, Necropsias, Traslados y Otros, vigente desde 1982, establece que toda persona que no haya fallecido por causas naturales o una enfermedad terminal debe ser sometida a una autopsia, sin embargo, en la región del Trópico de Cochabamba, y algunas áreas rurales del departamento, enterrar a los muertos obviando este paso es una práctica recurrente.

Una autopsia es un examen obligatorio practicado por un médico forense para determinar las causas de la muerte de una persona.

Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del Trópico, Gerald Encinas, en el último trimestre, de 12 levantamientos de cadáveres,  en cinco los familiares se opusieron a la autopsia.

Morgue

En el Trópico existen dos morgues y un solo médico forense que debe atender a toda la región.

Sostuvo que ante un fallecimiento, el rol de la Policía es verificar de manera ocular cualquier lesión externa que pueda tener el occiso que dé indicios de violencia.

“Si el cuerpo tiene una lesión visible que denote un hecho de violencia tenemos que trasladarlo hasta el médico forense, así sea por la fuerza, pese a que anteponemos el diálogo entre los involucrados”, aseguró.

En la región del Trópico existen dos morgues, una ubicada en el municipio de Villa Tunari y la segunda en Ivirgarzama.

Un funcionario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba, que prefirió no revelar su identidad, relató que en varias oportunidades los profesionales  incluso fueron amenazados por los comunarios y familiares, quienes exigen un certificado sin que se haya practicado la autopsia.

“Nos ha pasado en varias ocasiones que los médicos forenses que fueron a realizar autopsias al Trópico se toparon con la resistencia de los familiares que amenazan a los profesionales. Les exigen que firmen un acta de oposición, porque así se hacen las cosas en esa zona”, aseveró.

Al respecto, el director nacional del IDIF, Andrés Flores, admitió que en la  parte rural del departamento y en el Trópico, la resistencia de la población es muy fuerte y rebasa  incluso a los propios fiscales y a los efectivo policiales.

Atribuyó a los fiscales la responsabilidad de pedir refuerzo policial para levantar el cadáver en caso de resistencia, así sea por la fuerza, sin embargo, por el temor que tienen los profesionales a la reacción de la población que actúa en turba, los fiscales, enalgunas oportunidades, acceden a firmar un acta de oposición.

“Existe un vacío  en este tema, no es legal firmar un acta de oposición si la muerte no encaja en los parámetros registrados en la normativa, pero las amenazas y la torpeza de las personas obligan a que los fiscales ordenen al médico forense la firma del acta”, precisó. 

“El fiscal tiene la obligación, ante la resistencia, de pedir la intervención de la fuerza policial, pero ello no sucede”, agregó.

En relación a la zona del Trópico, Flores dijo que el único médico forense que atiende en Ivirgarzama debe abarcar toda la región del Chapare.

Adelantó que se realizan gestiones con las alcaldías de esta región para dotar a este profesional de una unidad móvil. 

La unidad móvil es un vehículo  que tiene una cámara de enfriamiento y otras características necesarias para el levantamiento de cuerpos y de esta manera poder desplazarse por todo el territorio.

Finalmente, puntualizó que una de las principales causas de muerte en el Trópico es por accidentes de tránsito. Los cuerpos de los fallecidos deberían ser examinados por el médico forense para descartar cualquier hecho criminal.

En criterio del Director del IDIF, los casos de oposición de familiares suceden en  una relación de uno de cada 10 levantamientos.

Sin embargo, este medio de comunicación comprobó que es muy común en los partes policiales  que brindan los directores de las unidades de la FELCC y la Fuerza Especial de Lucha Conta la Violencia (FELCV) de casos atendidos  que no existe un informe forense debido a la oposición de los familiares que optan por enterrar a sus muertos de manera inmediata.

 

ACTA DE OPOSICIÓN

El responsable de la división Homicidios de la FELCC de Cochabamba, Romel Gutiérrez, explicó que el acta de oposición solo puede ser entregado cuando el occiso es una persona adulta mayor y que cuenta con un respaldo médico.

La segunda causa para la entrega del acta es cuando se trata de una persona con una enfermedad terminal que  también tenga respaldo de certificados médicos.

Precisó que en el área rural es común que los familiares se opongan a la autopsia cuando se produce una muerte por caída, como en el caso de los albañiles que trabajan en construcción; en el fallecimiento de bebés por broncoaspiración y  accidentes de tránsito.

“La gente dice ya sabemos de qué ha muerto, no se necesita autopsia”.

Con la firma del acta, la familia del fallecido se compromete a asumir cualquier responsabilidad civil o penal que pueda surgir por la no realización de la autopsia.

El comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, basado en su experiencia en el servicio policial, dijo que existen dos causas para la oposición de la familia, vecinos y dirigentes.

La primera es el encubrimiento de un deceso violento, cuyos familiares y allegados  no quieren que salga a la luz, y la segunda causa son las creencias de cada región.

“Como Policía, primeramente se dialoga con la familia y los dolientes, respetando el estado de dolor  en el que se encuentran, pero si la negativa persiste, la Policía recurre al uso de la fuerza escalonada, vale decir, se emplea agentes químicos de ser necesario para trasladar un cuerpo a la morgue”, concluyó.

El Comandante policial dijo que de cada 100 levantamientos de cuerpos que realiza la Policía, en al menos tres se requiere de la fuerza de los efectivos.

 

 CUERPO INCOMPLETO

Haciendo énfasis en la segunda causa apuntada por Grandy, sobre las creencias de cada región, el antropólogo y docente universitario, José Antonio Rocha, explicó que existe la creencia en algunas comunidades de que el cuerpo es sagrado y de que la persona que fallece debe “irse” de la misma manera que llegó al mundo.

“Persiste la creencia de que si un cuerpo es abierto, mutilado o examinado por un médico forense, esa persona ya no regresará  completa y su alma no descansará”.

Precisó que existen muchas creencias en torno a este tema desde desgracias  hasta maldiciones en la comunidad que permitan que el alma pene.

Rocha apuntó que la cosmovisión que existe en el área rural es del cuidado del cuerpo y por ello es que incluso una auscultación por un médico a una mujer es difícil ya que no se permite que otra persona la toque.

El representante departamental del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, acotó que en la mayoría de los casos, los servidores públicos como los efectivos policiales y los fiscales que realizan la intervención  en el levantamiento de un cuerpo, no tienen la cosmovisión de las personas de dicha región y suponen que estas conocen los procedimientos a realizarse.

“En el área rural la mayor parte de la gente nunca tuvo la necesidad de un abogado y recién se interioriza de algunos procedimientos, como de la autopsia, cuando ocurre una muerte”, apuntó.

Cox advirtió que los profesionales que intervienen en estos casos deben tener la precisión de saber dialogar con los involucrados, sobre todo con los dirigentes, que muchas veces son las personas que aconsejan y a los que los comunarios “hacen caso”.