Un 26 de febrero de 2008 los cuerpos de tres policías: Willy Álvarez Cuevas, Walter Ávila Fernández y Eloy Vidal Yupanqui Flores  se encontraban sin vida en plena carretera en la localidad de  Epizana, distante a 127 kilómetros de Cochabamba.

Los uniformados tuvieron una muerte lenta, dolorosa y cruel; sus asesinos fueron los mismos comunarios, quienes no querían la presencia policial en ese sector.

Han pasado 12 años desde el fatídico día en la que la vida de tres familias cambiaron por completo y no existe ni una sola persona que se encuentre en la cárcel por el crimen.

El abogado del caso, Luis Camacho, adelantó que pedirá a la Justicia la reapertura del caso y además exige que las autoridades de esa época como ministros, vocales, fiscales y otros sean investigados por encubrir el crimen.

EL HECHO Un día antes de la muerte de los policías, los uniformados detuvieron un vehículo en la tranca de Epizana identificado como “chuto” y que andaba por la vía en zig zag. Al pedir la licencia al conductor, este se negó a presentarla y denunció el “abuso” policial a su hermano, quien era corregidor del lugar.

Ante la convocatoria del corregidor, la población se reunió para tomar justicia por mano propia y expulssar a los policias del lugar. “La gente no quería el control policial, tal como sucede ahora en el Trópico”, dijo Camacho.

Los policías fueron amarrados a un carro y arrastrados por el asfalto varios kilómetros, luego los torturaron durante toda la noche y a la mañana siguiente  les echaron con agua hervida, los golpearon con piedras y palos hasta perforarles el cráneo y finalmente los ahorcaron uno por uno atando cuerdas en el cuello y los pies y jalando en sentido opuesto. 

Ni siquiera los suplicios de piedad de los uniformados convencieron a los pobladores de detenerse.

Camacho dijo que el resultado del examen forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento, tenían quemaduras de segundo grado en 45% del cuerpo, huesos rotos pero además los sesos estaban expuestos, ello antes de morir.

Según el abogado, las familias de los fallecidos fueron perseguidas, las viudas  tuvieron que sacar adelante a sus hijos y la hija de uno de los policías incluso se dedicó a ser trabajadora sexual en el Trópico ante la falta de recursos económicos en el hogar. Ninguna de las familias recibió una compensación económica.

Camacho aclaró que el caso puede ser reaperturado  ya que  está catalogado como de lesa humanidad y este no prescribe.

ACUSADOS En su momento la investigación halló a 13 personas responsables del crimen, pero cinco fueron absueltas y ocho condenadas a 30 años de prisión. Sin embargo, los sentenciados presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre y se determinó su liberación bajo una fianza de 200.000 bolivianos a cada uno que luego se redujo a 80.000 y 50.000 bolivianos, monto que fue pagado en efectivo por los acusados y sin la solicitud de garantías.

Según el abogado algunas autoridades del Gobierno estuvieron involucradas entre ellas Alfredo Rada, Juan Ramón Quintana, Celima Torrico, el exvocal Ever Veizaga y el expresidente Evo Morales a quienes Camacho pide sean investigados por el Ministerio Público y sentenciados por el crimen.

Aseguró que ningún jurista quería hacerse cargo del caso y que se encontró solo frente a 30 abogados de parte de los acusados.

“Desde que pasó este asesinato nunca más volví a Epizana, la gente de allá  es agresiva y es un lugar en el cual reina el narcotráfico”, mencionó.