Un nuevo proceso penal se sigue en contra del exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora por un presunto daño económico de $us 1.21 millones en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). También está acusado Herland Soliz, expresidente de la estatal de la gestión de Jeanine Áñez por delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La exautoridad tiene una orden de aprehensión desde noviembre por otros casos. Son al menos cuatro en su contra.

El presidente de YPFB, Wilson Zelaya, informó que se reunió Bs 12.8 millones de un presupuesto exigido a ocho filiales y subsidiarias de la estatal petrolera para un plan de unidades médicas de emergencia por el coronavirus COVID-19 durante la gestión 2020, de los cuales al menos $us 1.21 millones fueron ejecutados de manera irregular.

El 23 de marzo de 2020 se aprobó la Resolución Ministerial 031 para destinar recursos para comprar insumos médicos y material de prevención.

El presunto hecho irregular fue descubierto tras una investigación realizada por la Unidad de Transparencia. De acuerdo con Erika Chávez, directora de esta repartición, Zamora “no tenía competencia” para emitir esa resolución, por ello, dijo que sería ilegal.

De acuerdo con la funcionaria, las subsidiarias Transporte, Andina, Chaco, GTB, Transierra, Refinación, Air BP Bolivia y Logística desembolsaron los $us 1.850.000 en diferentes porcentajes, de los cuales $us 1.210.000 fueron ejecutados.

Para ejecutar adquisiciones y compras de la UMEC, afirmó que no se hicieron cotizaciones ni licitaciones que permitan conocer si los precios pagados fueron competentes con los del mercado como establece cualquier tipo de contratación estatal.

“Se evidenció direccionamiento en la contratación de las empresas, les decían a quién contratar o de quién adquirir el servicio y no hay descargos con relación al destino de los insumos médicos; es decir, que si bien se habría comprado no se conoce si fueron entregados a la población, dónde se encuentran o si se los llevaron”, afirmó.

Además, “en ningún caso los bienes adquiridos por las subsidiarias y filiales entregados a YPFB ingresaron por almacenes, lo que evidencia el incumplimiento de procedimientos”.

Zelaya afirmó haber instruido una auditoría a todas las empresas filiales y subsidiarias para tener mayores detalles y posibles responsabilidades dentro del caso. Además, se realizarán las acciones legales contra las empresas que han incumplido normativas.

La orden de aprehensión contra Zamora es por el delito de uso indebido de influencias al realizar adjudicaciones directas de bienes y servicios, en contra de las normas y leyes. A esto se suma, según la Fiscalía, la contratación de seguros por Bs 49 millones, que luego fue anulada y la adjudicación del servicio de provisión de alimentos a la empresa Newrest  Bolivia Soporte SRL, por un costo unitario de Bs 416 por día para los trabajadores.

También se le acusa de irregularidades en la importación de hidrocarburos y daño económico por $us 524 millones debido a la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea y la firma de la octava adenda de contrato con Petrobras.

Antes de dejar el Gobierno, Zamora reveló que dejaba un nivel de reservas situado en 8.95 TCF decrecientes, lo que permite tener una situación estable, pero “entrando a una zona crítica”. Entonces, sugirió inversiones serias para aprovechar las reservas.

La exautoridad tarijeña fue posesionada en noviembre de 2019. Estudió ingeniería forestal y tuvo una amplia carrera política.