El vocero presidencial Jorge Richter acusó este domingo al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho ha implementado un plan destinado a “abreviar” el mandato constitucional del presidente Luis Arce, intensificando el actual conflicto del Censo y aseguró que por ese motivo a la institucionalidad no le interesa solucionar el problema en la mesa técnica instalada Trinidad.

Dijo que detrás del “proceso censal hay una intención de subvertir el orden constitucional” y aseguró que Camacho y sus seguidores van a seguir con las herramientas del conflicto “hasta que puedan aplacar al movimiento social del país”.

Explicó que, buscando ese objetivo, las representaciones cruceñas que asisten a diferentes diálogos, abandonan la reunión y salen a declarar a la prensa políticamente hablando medias verdades y haciendo circular información falsa y errada en procura de desordenar un ambiente de diálogo.

Indicó que, en Trinidad, la única delegación que busca enturbiar, politizar y perder el tiempo sistemáticamente, es la delegación del comité interinstitucional de Santa Cruz porque trata que la mesa técnica no llegue a una solución para luego exacerbar el conflicto los siguientes días y horas.

“Esta es la situación del país. Es una metodología, es una herramienta de conflicto político para poder subvertir el orden constitucional del Estado; lo han hecho el 2019 y, nuevamente, no es que están intentando, están implementando un proceso de ruptura institucional en el país. No es el tema del censo ni de los recursos, sino la consigna política del censo 2023”, declaró al canal estatal.

Aseguró que el gobierno no renunciará a la metodología del diálogo ni en los momentos críticos, pero también advirtió que “quienes buscan subvertir el orden institucional tienen que saber que las conductas que trascienden el umbral de la legalidad, siempre generan consecuencias porque en esos marcos está la norma de aquello que está permitido hacer y aquello que tiene sanción”.

El vocero manifestó que en el fondo, la dirigencia cruceña pretende que cientos de miles de bolivianos indígenas no sean incorporados a la representación política ni tengan beneficio económico, ni un Estado que lo pueden proteger.

Remarcó que “esta medida de presión apunta a subvertir el orden constitucional porque se quiere aplacar al movimiento social, popular y quieren extinguir el Estado Plurinacional porque les arrebató sus privilegios y por eso el gobernador de Santa Cruz habla de federalismo para establecer un principado para beneficio propio”.

Dijo que a la dirigencia cruceña le molesta que no tengan embajadas, ministerios ni direcciones de las empresas para ellos que creen que el Estado es su espacio natural. Richter identificó varias acciones de corte racista de parte de algunos dirigentes cívicos para descalificar la protesta de sectores populares.

Explicó que para tratar de dar la impresión que existe un conflicto que ha hecho carne en el resto del país, se recurre a los comités cívicos que, salvo una o dos excepciones, son refugios de quienes antes estuvieron en la vieja partidocracia que cayó a fines del 2003. Y esos personajes buscan generar ruido a través de la corporación mediática, comentó.