La pandemia de la COVID-19 mostró la peor cara de la salud, pero también de cada una de las personas en medio del dolor por la pérdida de un ser querido.

Las herencias “rompieron” a las familias, en medio del duelo por una muerte.

Lo que en principio parecía simplemente la expresión del dolor por la pérdida, involucró a más que hijos y nietos. Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Mujeres de Fuego, Policía, Fiscalía, amigos, vecinos, todos intervinieron, sin embargo, la impunidad sigue campeante y las secuelas quedan.

En Bolivia, en los dos años de la pandemia, que comenzó en marzo de 2020, más de 21 mil personas perdieron la vida y cerca del 7% dio positivo al virus. Fueron cerca de 900 mil contagios en una población de 11.67 millones.

LA PRIMERA OLA Se extendió hasta mediados de 2020 y fue considerada la más crítica.

La alerta global se disparó el 2 de febrero de 2020 tras la aparición del coronavirus, una enfermedad que inició en la ciudad china de Wuhan, y el 26 el Ministerio de Salud reportó el primer caso sospechoso. Fue el 10 de marzo que dos mujeres, en Oruro y Santa Cruz desataron el pánico y la situación empeoró con las primeras tres muertes el 29 del mismo mes.

Los adultos mayores fueron los más afectados. El 2 de septiembre se registró un récord con 102 decesos.

En medio de todo esto, las familias peregrinaron para enterrar a sus muertos. Vecinos impidieron el ingreso a cementerios por miedo al contagio.

Cochabamba vivió una etapa dolorosa con muertos en las calles sin recoger y en las casas por días. Eran sospechosos y ante la falta de un protocolo que evite la contaminación, las instituciones se contradecían sobre sus funciones.

Tras la muerte y pese a que ha pasado tiempo, el calvario sigue para su entorno familiar. Y es que no es fácil entender que los que se quedan en el mundo terrenal atenten contra la vida del otro, vendas sus bienes, cambien la chapa de sus casas, echen a los más indefensos y mucho más.

Dicen que la pandemia sacó lo peor de nosotros y esto es una prueba clara de lo que ocurre.

ENTRE HERMANOS Junio trajo desgracia a María, una madre soltera que junto a sus dos hijas de 10 y 7 años. Hasta ahora, enfrenta una serie de injusticias.

En 2020, durante la cuarentena, su trabajo en el campo como agrónoma le impidió volver al lado de su madre. Lleva ese remordimiento de no haberle podido socorrer cuando dio positivo y sufrió complicaciones que le llevaron a la muerte. Llegó para el entierro y tras la última despedida en el cementerio, su familia comenzó a mostrarle el camino a la miseria. Su hermano mayor José y su tío Pablo querían hablar de la herencia y “arreglar por las buenas”.

Como buitres que quieren acabar con los restos que quedan de un animal que agoniza, se le acercaron para hablar de la repartición de su casa, en la zona del Barrio Profesional que ya estaba ocupada por inquilinos y su hermano. Solo pudo ocupar el cuarto de su madre junto a sus dos hijas y pasó un mes, durante la cuarentena rígida, en el encierro obligatorio.

La relación con su hermano se hizo cada vez más tensa e insoportable.

María le reprochaba a José que, en el pasado, habría intentado asesinar a su madre, a quien agredió físicamente y según el informe médico forense, le dejó con 30 días de impedimento. Pese a esto se quedó en la casa junto a sus dos hijas tras el abandono de su pareja.

Por su parte, José, que trabaja como cerrajero, le reclamaba por el abandono de su casa.

Las agresiones verbales entre ambos pasaron a la violencia, en medio de intentos de resolver el conflicto de la herencia y la distribución de manera equitativa con ayuda de intermediarios, entre amigos y profesionales en derecho. Todo acuerdo se anulaba por la falta de decisión del hermano mayor, que a último momento se retractaba y para hacerlo peor le cambió las chapas a las puertas.

MALAS DECISIONES María acudió a los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de una comuna para denunciar agresión psicológica, pero le rechazaron argumentando que no les correspondía por jurisdicción. Llegó hasta la oficina a la de la Estación Policial de Coña Coña, luego a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), donde el virus había atacado a gran parte del personal. Uno de los uniformados le recibió la denuncia explicándole que ante cualquier indicio de agresión le llame a su celular para que vaya a la casa. Necesitaba flagrancia para que el caso avance, según le explicó.

Las provocaciones seguían y José, enterado de lo que hacía su hermana, acudió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, argumentando agresiones a sus hijas por lo que para preservar su seguridad María fue conminada a dejar su casa sin considerar que también tenía unas niñas a su cargo, a quienes dejó desprotegidas.

El proceso llegó a una conciliación para que María vuelva a su casa, donde esa misma noche su hermano trató de asfixiarla. Tras los gritos de auxilio, llegó la ayuda.

Una organización de lucha contra la violencia doméstica la llevó a una casa de acogida por más de un mes. En ese tiempo, su caso no avanzó como se esperaba. Las medidas precautorias (garantías) fueron emitidas por la Fiscalía y una policía de la FELCV que fue asignada llegó hasta la casa para la notificación, pero José la evitó. Su abogada y también vecina advirtió a la sargento con denunciarla y el procedimiento que era clave para el retorno de María a su casa fue suspendido.

Pese a esto, ella pidió dejar el centro y cuando regresó a su hogar, su hermano llamó a la Policía argumentando que su hija fue agredida y logró el arresto de su hermana, mientras llevaba a su hija al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su valoración. El reporte determinó que no hubo agresión y su tío corroboró esto por lo que fue liberada. Al volver a su cuarto encontró todo destrozado y que sus objetos de valor habían sido robados, al igual de sus ahorros. Su lavadora la encontró en el cuarto de uno de los inquilinos.

Ambos hermanos fueron sometidos a una valoración psicológica en la Defensoría y concluyó que José es un agresor pasivo y que por su experiencia, “es uno de los más peligrosos porque planifica bien sus pasos, busca provocar y tiene todo listo para quedar como la víctima”.

SIN ACUERDO En otro caso, tras la muerte de su mamá por COVID-19, cuatro hermanos y sus familias terminaron a los golpes porque no llegaron a un acuerdo sobre la ocupación de la casa de dos pisos y la administración de su negocio.

Más antes pelearon por los gastos del sepelio, en medio de reproches entre quienes “aprovecharon” más y menos del dinero de su madre.

Su papá, vive con el temor de que le pueda pasar algo. Se le ocurrió que sus hijos estaban dispuestos a todo por sacarlo de la herencia. Y es que los hermanos, aun los que no vivían en la casa, se acomodaron en los diferentes espacios junto a sus hijos e incluso nietos.  

Acudió a la Policía, en busca de ayuda, pero no le hicieron caso. Ahora deambula por las calles mientras en su casa las peleas son cada vez más intensas.

Una de ellas llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para denunciar violencia económica ya que sus hermanos le presionaban y restringían las ganancias de su negocio, pero tampoco obtuvo respuesta favorable.

Con el paso del tiempo, llegaron a algunos acuerdos internos que les permiten vivir en paz, pero están conscientes de que en cualquier momento pueden ser rotos. No tienen documentos regularizados de la casa, ni una distribución equitativa en la casa. Su relación se basa en disposiciones verbales.