La tragedia marca los procesos que se registran en las universidades autónomas, en el marco del co-gobierno. 

La muerte de cuatro estudiantes en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí (UATF) se suma a otras siete que se registraron hace un año y tres meses en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que además dejaron escenas lamentables que recorrieron el mundo.

 Desde marzo de 2021 hasta la fecha, mayo de 2022, dos accidentes lamentables vistieron de luto a Bolivia, pues tuvieron un elemento en común: ambos se suscitaron en el occidente del país y tuvieron como víctimas a alumnos universitarios. A su vez, se observan problemas de infraestructura y obligatoriedad en la asistencia.

La tragedia de ayer trae a colación lo suscitado el 2 de marzo de 2021, cuando siete alumnos de la UPEA murieron tras caer al vacío del cuarto piso de esa casa universitaria.

Por el hecho, siete dirigentes universitarios admitieron su culpabilidad y se sometieron a un juicio abreviado, mientras que otros cinco, siguen procesados.

Ese trágico día, una baranda de seguridad cedió en el edificio de la facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UPEA y dejó caer a unos 11 estudiantes, de los que siete perdieron la vida. Anahí Chipana L., Loyda Suazo M., Raúl Cadena Ch., Gemio Estuder M., Tania Choque R., Saúl Yerko Mamani S. y Limber Lucana A., de entre 19 y 23 años, eran los universitarios que perecieron, tras caer desde unos 16.70 metros.

Anahí, Loyda y Raúl perdieron la vida de manera instantánea, en predios de la casa superior de estudios, mientras que Gemio, Tania y Saúl fallecieron en centros médicos, el mismo día del accidente. Limber, la séptima víctima, luchó 24 horas más por su vida en terapia intensiva y también perdió la vida.

PRESIÓN Todos ellos asistieron a una convocatoria para participar de una asamblea “de manera obligatoria”, según refirieron algunos asistentes, la misma que se suspendió y generó reclamos y hasta agresiones antes de que se suscitase la caída.

Desde Comunidad Ciudadana (CC) en la Asamblea alertaron de que existe presión política y que el Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere copar diferentes instituciones.

 Por otro lado, el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, aseveró, citado por Urgente.bo, que se pondrá a disposición de los universitarios un abogado para denunciar a los dirigentes que los obligan a asistir a reuniones o marchan, en busca de que sean enjuiciados.

“Aquí lo que se tiene que hacer es sancionar penalmente a los responsables, también a quienes han visto este tema de manera presencial y a los que lo han hecho de manera intelectual porque hay gente que asocia este tema para intereses personales (…) sobre los temas institucionales”, acotó.

Dijo también que además de multas y listas hay reuniones que valen por exámenes o hasta prácticas.