Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 23 de enero de 2022
  • Actualizado 23:49

Vice se vacuna y el rechazo al carnet se lleva a las calles y los estrados judiciales

El vicepresidente David Choquehuanca se vacuna contra la COVID-19.
El vicepresidente David Choquehuanca se vacuna contra la COVID-19.
Vice se vacuna y el rechazo al carnet se lleva a las calles y los estrados judiciales

El vicepresidente David Choquehuanca, cumplió su promesa y puso fin a la polémica tras recibir la primera dosis de la vacuna china Sinopharm contra la COVID-19. 

Antes de recibir la inmunización, fue parte de un ritual con un sahumerio. Lo impregnaron de humo aromático (incienso) y le echaron en la cabeza y en el cuerpo pétalos de flores. 

Llamó a cuidarse  con las dos medicinas (ancestral y farmacológica) y recordó que a mediados de 2020 tuvo la enfermedad y tomó dióxido de cloro, además de admitir que comió pasto y preparados en base a cúrcuma, miel, jengibre, cebolla y limón para sanar.

Entre tanto, las protestas por la exigencia del carnet de vacunación, que rige desde el 1 de enero, se trasladan a las calles y los estrados judiciales.

El Comité Cívico de El Alto advirtió con movilizaciones contra los decretos 4640 y 4641 que hacen referencia a la obligatoriedad del carnet o la prueba PCR para ingresar a lugares públicos y privados con aglomeración de personas.

El dirigente Gregorio Gómez explicó que existe discriminación y abuso y exigió anular los decretos, además de la renuncia del ministro de Salud, Jeyson Auza, por implementar medidas sin consenso.

Insistió que la vacunación debe ser voluntaria y afirmó que la confianza está en la medicina tradicional y el dióxido de cloro.

Por otro lado, el Consejo Nacional Cristiano y organizaciones sociales vivas, representadas por Luis Aruquipa y el exdirigente sindical Jaime Solares, además de médicos promotores del uso del dióxido de cloro como Patricia Callisperis y Guery Cordero, presentaron ayer ante la Sala Constitucional 4 del Tribunal de Justicia una Acción Popular contra los decretos.

El abogado Gabriel Justiniano, que patrocina este recurso constitucional, citado por ERBOL, dijo que se defiende la libertad, el derecho a la libertad de expresión, libertad de culto y la libertad de disposición sobre su cuerpo.

Explicó también que si solo una persona no quisiera vacunarse, se puede aplicar el criterio de que el derecho de una colectividad está por encima del de un individuo, pero en este caso sostuvo que son cuentos de miles que rechazan.

Según la Constitución, una Acción Popular procede contra “todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza”.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pide al Ministerio de Salud aplicar la objeción de conciencia como un derecho individual ya que merecen un tratamiento diferenciado.