La sentencia en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por las muertes en Octubre Negro (2003), permite que otras víctimas puedan asumir acciones similares.

A 18 años de la también denominada Guerra del Gas, familiares se animaron a iniciar un juicio civil en Estados Unidos (EEUU), país donde radican actualmente las exautoridades. 

En 2007 emprendieron este camino legal que está a punto de llegar a buen término, aunque aún queda pendiente un juicio penal para lograr lo que las víctimas consideran una verdadera “justicia” al ver a sus “asesinos” tras las rejas. Pero esto es aún más complicado porque requiere de voluntad política para la extradición de Goni y el Zorro y que la justicia boliviana actúe enmarcada en la ley, algo que genera dudas y polémica en el país. 

El martes, el juez del estado de Florida James Cohn denegó la moción que buscaba anular el juicio contra las exautoridades y comenzar otro. Asimismo, ratificó el pago de $us 10 millones a los demandantes “en daños compensatorios”. Sin embargo, el veredicto fue apelado por los acusados, lo que frena el pago.

GOBIERNO DE ÁÑEZ Pese a este freno, el juicio deja jurisprudencia y abre camino para el trámite que buscan emprender los familiares de las víctimas de los hechos de violencia de 2019, en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), tras las elecciones anuladas y la renuncia del expresidente Evo Morales. Apuntan a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo y Fernando López, sobre los que pesan órdenes de aprehensión.

A poco de concluir la gestión de la exmandataria Jeanine Áñez y asumir el mando el presidente electo Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dejaron el país. 

La Policía está tras su pista y cree que puedan estar radicando en EEUU. 

El proceso buscaría una reposición económica para las víctimas en el país del norte, como parte de un juicio civil, o podría acudir a la Corte Penal Internacional o Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El abogado constitucionalista Williams Bascopé  cree que la jurisdicción norteamericana puede actuar de diferente manera porque las circunstancias son diferentes.

Recordó que, en el caso de Octubre Negro, había un intento de privatización del gas y un repudio a la élite del gonismo por la población, pero en este caso los precedentes apuntan a un fraude electoral.

Destacó que en EEUU la institucionalidad de la justicia se considera bastante seria, con respeto a las normas y el reconocimiento de la jurisprudencia.

Becker: “Ninguna persona ha ganado contra un presidente vivo”

Misión cumplida. El abogado estadounidense de los familiares de las víctimas de Octubre Negro, Thomas Becker, asegura que el juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín ha sido ganado y en un par de años, a más tardar, se podrá consolidar la compensación monetaria por las muertes en 2003.

En una entrevista con OPINIÓN, se refirió al proceso civil que se desarrolló en EEUU contra las exautoridades y lo que se espera de ahora en adelante, así como sus planes futuros de trabajo con las víctimas de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

P. ¿Estos procesos civiles internacionales solo se aplican en EEUU?

R. Hay otros países que tienen lo que se llama jurisdicción universal sobre hechos que suceden en otros países, por ejemplo: España, Alemania y Argentina, pero también hay organismos internacionales como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana que tienen jurisdicción sobre delitos muy específicos.

En EEUU solo tenemos jurisdicción sobre delitos muy horribles como el genocidio, la tortura y como en este caso, ejecuciones extrajudiciales. Son por la violación de derechos humanos muy extremos.

Si han cometido violaciones de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad pueden ser procesados y si escapan hay la posibilidad de juicios o se puede aplicar a la Corte Penal Internacional u otras cortes.

P. ¿Fue difícil llevar adelante el juicio?

R. Sí porque en Bolivia hay un juicio de responsabilidades contra Goni y Sánchez Berzaín que está abierto, pero ellos están en EEUU. Allí fue muy difícil porque ninguna persona ha  ganado contra un presidente vivo. Esto es algo histórico. Hay pocos casos de derechos humanos en curso. 

P. ¿Se cumplió el objetivo?

R. Lo que se quiso desde el principio no fue dinero, sino mandar un mensaje muy importante para que no haya impunidad y se termine con la violación de derechos humanos. Es una buena señal.

En EEUU no hay posibilidad de juicio penal es por eso que las víctimas comenzaron el juicio civil.

P. ¿Qué sigue ahora?

R. Mucho depende de la apelación que deben presentar en un mes. Hay caminos a los que pueden recurrir para objetar el veredicto. Está la Corte Circuito 11 y la Corte Suprema, pero hay que esperar a ver si aceptan la solicitud.

Todo puede terminar este año o durar un par más, hay cuestiones técnicas. Se complica más por la pandemia y porque al ser el primero (juicio) contra un presidente vivo, los jueces tribunales están en la mira y quieren cumplir con todos los procedimientos y normas. En algunas jurisdicciones avanzan rápido.

Sobre los plazos para pagar, no es hasta última apelación que lo hacen. Se tiene que terminar el proceso y ese mismo momento viene la compensación monetaria. 

Estamos casi en el fin del camino, después de tres apelaciones, lo que es muy raro, dos fueron antes del juicio. Se complicó más porque es contra un presidente.

Formalmente hemos ganado el juicio formal. El juez cambió su veredicto y formalmente ratificó esta semana que hemos ganado. 

P. ¿Cuáles son tus planes al concluir el juicio?

R. Voy a regresar a Bolivia para estar con las familias, siempre trabajando en proyectos de derechos humanos. He estado en Sahara Occidental, Honduras y gringolandia (EEUU). También enseño a estudiantes, soy profesor y voy a continuar con eso.

Como soy casi boliviano, tengo muchos amigos que son como familia, siempre voy a estar para ellos. Vamos a trabajar todavía con otras víctimas de Bolivia.

Hemos publicado varios informes legales sobre violaciones de derechos humanos en los últimos años; en 2019, durante el gobierno de Evo y también de Áñez.

He hablado con las familias de Sacaba y Senkata y estamos explorando posibilidades de trabajar. Tenemos informes sobre violaciones de derechos humanos y estamos viendo posibilidades internacionales.

No soy político y veo que Bolivia está muy polarizado y las masacres están siendo politizadas, lo que es muy triste porque las víctimas que han sufrido ven muchos discursos. Todo ellos tienen derecho de llevar un juicio.