La CIDH atendió este año otros cuatro casos contra el Estado boliviano por violación de los derechos humanos.

El 29 de marzo se admitió la petición de Gaby Esperanza Candia de Mercado que el 16 de febrero de 2011 denunció que fue sometida a detención ilegal en un proceso iniciado por razones políticas cuando era alcaldesa de la ciudad de La Paz y le acusado por falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado en la compra de un terreno. Dijo que se violó sus garantías judiciales y el caso se prolongó excesivamente.

El 3 de junio se conoció el informe de admisibilidad de Asencio Cruz Nina, que denunció que el Estado violó sus derechos al no adoptar acciones adecuadas para lograr la ejecución de una sentencia que determinó el pago de una reparación en su favor por haber sido detenido arbitrariamente y sometido a un proceso penal sin las debidas garantías. Asimismo, sostiene que sufrió actos de tortura que hasta la fecha no han sido debidamente investigados.

Cruz Nina presentó la petición el 17 de marzo de 2011 por un caso que data de 1998, cuando fue acusado por el supuesto delito de lesiones y extorsionado. 

El 13 de junio se admitió la petición de Ronald Enrique Castedo Allerding presentada el 16 de julio de 2013 por la “responsabilidad internacional del Estado boliviano” en virtud de su procesamiento por los supuestos delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros, sin haberse prestado la debida consideración a su delicada condición de salud y con excesiva demora en la tramitación del juicio que tras 10 años no resultó en sentencia definitiva.

Castedo, de 55 años, es acusado por el atentado terrorista a la casa del cardenal Julio Terrazas, en Santa Cruz. Se le vinculó a un grupo denominado Círculo de Amigos de Santa Cruz-Logia Caballeros de Oriente, que supuestamente pretendía promover la rutpura de la unidad territorial de Bolivia. 

En ese entonces, se le acusó de apoyar a un grupo que supuestamente pretendía promover la ruptura de la unidad territorial boliviana y que el ataque era solo uno de muchos que fueron frustrados. Se identificó a más de una treintena de personas acusadas por los delitos de alzamiento armado, terrorismo y otros.

Por el mismo caso, el 14 de junio admitió la petición de Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel del 1 de octubre de 2014 debido a su detención preventiva prolongada por más de cinco años y enjuiciamiento, violando sus distintas garantías judiciales, además de su honra y dignidad.