Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 25 de enero de 2022
  • Actualizado 18:53

Ven 4 riesgos en el federalismo; desde impuestos hasta “guerra”

Para los analistas, el proceso requiere consenso y puede durar entre 20 y 30 años desde la convocatoria a un referendo para aprobar una Asamblea Constituyente y modificar la Carta Magna.
Una marcha de protesta en Santa Cruz, durante el paro multisectorial, que evidencia la polarización en el país.  APG
Una marcha de protesta en Santa Cruz, durante el paro multisectorial, que evidencia la polarización en el país. APG
Ven 4 riesgos en el federalismo; desde impuestos hasta “guerra”

La propuesta de que Bolivia sea un Estado Federal tiene cuatro riesgos, que van desde un impuesto al salario, que se aplica en otros países, hasta consolidar lo que pasó a lo largo de la historia, donde este modelo está precedido por guerras. 

El proceso es a largo plazo y se proyecta concretarlo en unos 20 a 30 años, por lo que debe seguir una ruta que requiere principalmente consenso.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) proyectan el fortalecimiento del modelo de las autonomías, enmarcadas en la Constitución Política del Estado (CPE), tomando en cuenta que en su artículo 1 señala que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, Libre, Independiente, Soberano, Democrático, Intercultural, Descentralizado y con Autonomías”.

La propuesta surgió del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien aseguró que llevará adelante un proceso de socialización, consultas y diálogos con todos los departamentos y sectores sociales bajo el argumento de que “el modelo del MAS llegó a un agotamiento”. 

Desde diferentes sectores advirtieron que no es una prioridad nacional, aunque más antes el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, abrió la posibilidad de ir a un referendo o convocar a una Asamblea para que en uno de esos escenarios se debata o se de curso a este sistema administrativo.

El federalismo es un sistema de organización política del poder territorial que coloca al individuo bajo un poder federal y otro estatal “que coincide en dominio, pero difiere en alcance”. Significa una reorganización de la estructura del territorio y poder.

La demanda por la federalización viene de antes del Congreso de 1880 a partir de las voces de Lucas Mendoza de la Tapia y Andrés Ibáñez, ambos con requerimientos regionales de tipo teórico y pragmático, antes que político, según el Balance del Estado Autonómico Boliviano, radiografía a los 10 años de su ejercicio, del Servicio Estatal de Autonomías (SEA).

Continúa señalando que el federalismo sí fue esgrimido políticamente por el partido liberal a la cabeza de José Manuel Pando durante la llamada Guerra Federal.

“Como resultado, el partido liberal de Pando ganó la confrontación bélica y lejos de cumplir sus promesas, incluso contraídas con el movimiento del líder indígena Pablo Zárate Willca, hizo fracasar la junta Federal de Gobierno, la cual pudo haber dado otro matiz institucional a Bolivia”.

El resultado visible radica en el cambio de la sede de gobierno y no así en una modificación del modelo estatal imperante a finales del siglo XIX.

En la historia de Bolivia se puede encontrar diferentes etapas, desde la de Andrés de Santa Cruz que plantea un Sistema federal en 1836, al proclamar la Confederación Perú-Boliviana y luego, en 1868, José Ramón Muñoz presenta el proyecto de Constitución Federal a la Asamblea Constituyente, durante el régimen de Mariano Melgarejo y fue perseguido. En otro momento, Lucas Mendoza, Nataniel Aguirre y Eliodoro Villazón presentan su propuesta federal a la Asamblea Constituyente de 1872, que fue rechazada. En el proceso histórico, Andrés Ibáñez fue acusado de separatista y fusilado en el gobierno de Hilarión Daza al proclamar federalismo en 1876. Finalmente, del 2004 al 2008 surge el proceso autonómico.

El ex viceministro de Autonomías, Hugo Siles, cree que para plantear el federalismo se deben tener en cuenta cuatro riesgos porque es como escalar del primer al séptimo piso en un edificio. En esa misma línea se pronunció el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Rodrigo Puerta.

LOS RIESGOS

1. ¿Estamos dispuestos a pagar un impuesto al salario? Esa es la consulta que se hace a los bolivianos ya que la principal fuente de financiamiento del federalismo, en un 50%, es con este arancel. 

2. ¿Los municipios están preparados? La pregunta surge porque en el sistema federal, están subordinados al nivel intermedio, es decir a las provincias y los departamentos, por ejemplo.

“Hay que decirles que sus conquistas acabaron porque van a estar encapsulados en el nivel intermedio”, manifestó Siles.

Dijo también que este cambio se dará en toda la estructura política y territorial y se tendrá que “borrar” todos los logros municipales que se tienen hasta ahora.

Por su parte el responsable de la FAM advirtió que por la tradición municipalista que tiene el país, no será posible pensar en este cambio. 

3. El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas para la aprobación de la Constitución, es otro riesgo. 

Según explicó Puerto, el debate no debe tener una consigna política porque se habla del futuro de un país y tampoco debe beneficiar a una persona.

4. Siles también recordó que hay antecedentes históricos que dan cuenta de que la mayoría de los modelos de tipo federal estuvieron precedidos por guerras y un paso hacia la confederación, es decir estados independientes que salieron de un tratado de derecho internacional que suponía cohesión y retomaron una Constitución.

“Antes de entrar al federalismo, hubo una confederación que dio paso a la separación. Son cuestiones básicas e históricas que tiene el federalismo”, agregó.

Recordó también que en Bolivia hubo una guerra federal a fines del siglo XIX.

LA RUTA

El analista político y exministro de Defensa, Reymi Ferreira, explicó que para llegar al federalismo se debe seguir una ruta que es bastante larga y que requiere de consensos.

“Un cambio de esta naturaleza hacia el federalismo es para 20 a 30 años”, sostuvo.

El proceso para abrir la CPE y modificarla comienza con un referendo que apruebe instalar una Asamblea Constituyente. Para llegar a esto, se debe convocar a la Asamblea Legislativa, que por mayoría absoluta debe aceptar o, en su caso, con la firma del 20% de los electores que están en el padrón electoral.

“Esto quiere decir que se convoca a la Asamblea Constituyente y se aprueba la reforma al Estado Federal por dos tercios de voto y luego se somete ese texto constitucional a referendo”, añadió.

El artículo 411 de la Carta Magna señala que “la reforma total, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo”. 

Asimismo, establece que la convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el 20% del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. 

“La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio”, dice la Carta Magna. 

Finalmente, indica que la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.

LA SITUACIÓN

Para Ferreira, no se puede dejar atrás el régimen de autonomías porque en los 10 años de vigencia que tiene no se ha podido ponerla en práctica al 100% por sus deficiencias, sin embargo, cree que el camino pasa por mejorarlas.

Por su parte, Siles indicó que este cambio supondrá que los estados que se formen en este nuevo Estado deberán dictar sus propias constituciones, transformar sus sistemas judiciales, de recursos naturales y más, pero “no resolverán los problemas del país por arte de magia”.

Consultado por diferentes medios, reconoció que el cambio a un modelo federal está conceptualizado erróneamente como una forma de confrontación.

“Se lo alude de manera no correcta como una forma de separar y dividir y eso es todavía muy difícil de cambiar esto en la sensación de la población. Significa incorporar a la agenda de confrontación y polarización un tema más para confrontar. Va más allá de un debate académico. No es un tema para hablarlo en una gestión”, argumentó.

El especialista en autonomías, Fabián Yaksic, dijo en RTP Bolivia que hay 70 países de todo el mundo en algún régimen descentralizado por lo que considera que está claro que el federalismo es lo más adecuado. Recordó que hay dos modelos de Estado que son el unitario o centralista y el compuesto que incluye a los gobiernos federales y confederados.

A 10 años de las autonomías

El modelo autonómico nació de la Constituyente 2006 y en 2010 fue consolidado. A 10 años de la vigencia de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, su implementación, que se cumplió en 2020, los avances no son los mejores.

A esto se suma que las cartas orgánicas y los estatutos autonómicos siguen en elaboración.

En el balance de la década señala que 283 gobiernos autónomos municipales se encuentran elaborando sus cartas orgánicas municipales o ya cuentan con ella en vigencia y 56 no iniciaron el proceso de elaboración o las mismas fueron rechazadas en referendo. Esto representa al 86% que no tienen cartas vigentes y 14% que están en vigencia.

Hasta el año pasado, 11 alcaldías estaban en proceso de conversión a la autonomía indígena originaria campesina y elaboraron sus respectivos proyectos de estatutos.

En el caso de los gobiernos departamentales, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz optaron por la autonomía en el referendo del 6 de diciembre de 2009, pero debe seguir un procedimiento para sujetarse al control de constitucionalidad y someterse a referendo aprobatorio. Más antes fueron rechazados y deben ir nuevamente a un proceso de elaboración.

Solo uno cuenta con su estatuto en vigencia de tres y hay seis que no lo tienen.

El ex viceministro de Autonomías, Hugo Siles, reconoció que el proceso autonómico “está en pantaloncillos cortos” que se profundizó por una agenda de conflictividad.

“Está avanzando (la autonomía), tiene solo 10 años y es poco tiempo para sustituir por otro (federalismo) que es totalmente extraño a toda la vida del poder territorial boliviano”, manifestó.

Aclaró también que la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que ahora genera polémica, es la misma que la Ley 786 con la que los municipios y gobernaciones hicieron sus planes y enviaron al nivel central por lo que reiteró que no vulnera las autonomías.

Por su parte, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo, en el programa Que No Me Pierda, que las autonomías están en proceso de construcción.

“Hemos avanzado en el Estado que hemos construido, pero nos falta. En 14 años del MAS en el Gobierno tiene datos interesantes porque hemos sido el país que más ha crecido en la región en los últimos cinco años”, expresó.  

Aseguró que se deben haber ajustes, principalmente en las autonomías indígenas y departamentales, donde se tuvo algunas dificultades porque de un gobierno central pasado a un centralismo departamental.

“El camino que planteamos es profundizar la autonomía, entendemos que hay que hacer ajustes en planes que son a mediano y largo plazo, pero con propuestas de solución, no con mentiras”, añadió.