El conflicto por tierras que derivó en el ataque a periodistas, policías y otras personas, la semana pasada, en Las Londras, en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, genera alerta.

Desde la Fundación Tierra ven descontrol y temen que esto pueda derivar en un alzamiento armado como el de Perú, con Sendero Luminoso, o con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Para el director de la fundación, Gonzalo Colque, citado por Urgente.bo, mientras exista el “tráfico corrupto” de tierras y mientras no haya políticas estatales que afronten la compleja problemática de la tierra, el conflicto continuará agravándose.

“Históricamente, los grupos armados aparecen cuando los conflictos por la tierra crecen y polarizan a los involucrados. Basta recordar los orígenes de los grupos armados de Colombia que nacieron como grupos rebeldes reclamando tierras para los pobres y campesinos pobres, o la triste historia de Sendero Luminoso en Perú que nació en la Sierra exigiendo tierras para los campesinos. Con el tiempo, los grupos armados que aparecen en torno al conflicto por la tierra derivaron y pueden derivar en grupos armados que defienden al narcotráfico que por lo general se instala en las zonas alejadas y en tierras en disputa”, explicó.

Señaló también que los avasalladores no solo son interculturales o campesinos, sino también empresarios, colonos, menonitas y todos quienes ocupan tierras fiscales de forma ilegal.

“La distribución corrupta de la tierra ha conducido al extremo del enfrentamiento y la violencia y hay dos grupos, uno que tiene poder de las tierras que no le pertenecen a la fuerza, usando su poder económico para corromper a autoridades y funcionarios públicos, o usando su poder político al ser militantes del MAS que controlan las instituciones agrarias como el INRA nacional y el INRA departamental”, agregó.

LA SITUACIÓN

Colque recordó que la “titulación fraudulenta” de tierras mueve millones de dólares, al punto que se crearon “INRAS” paralelos para acelerar el tráfico de tierras y el gobierno las entrega como una moneda de pago, mientras que los empresarios siguen cercando y alambrando las tierras fiscales como si fueran suyas y mostrándolas como propiedad privada.

Dijo también que, para entender el conflicto, todos los avasallamientos se dan en tierras fiscales o en proceso de saneamiento, es decir, sin cumplimiento de Función Económica Social (FES) y no existen casos de ocupaciones ilegales en tierras ya tituladas, con derecho propietario consolidado a nombre de los empresarios, y también afecta a los recortes que quedaron después de la titulación de grandes propiedades. 

“La escalada de corrupción en el manejo de la tierra comenzó en 2011 con la titulación fraudulenta de grandes propiedades debido a la alianza MAS-empresarios cruceños, entrega de miles de autorización de asentamientos de comunidades campesinas e interculturales en la Chiquitanía a militantes del MAS, mayormente provenientes del Trópico de Cochabamba y zonas de colonización de Santa Cruz, y con los grandes negociados que involucran a autoridades y jueces agrarios “explicó.

Identifica a los avasalladores como personas provenientes de las zonas de colonización como San Julián, Yacapaní, Cuatro Cañadas o El Choré, de las comunidades cocaleras del Trópico de Cochabamba y varios son migrantes antiguos que viven en centros urbanos cruceños.

Identifica que estas personas deben cumplir tres requisitos: conocimiento preciso del terreno, pertenecer a las redes sociales u organizaciones comunales de las zonas de colonización y aclimatación a la región oriental para trabajar y vivir en el campo. 

EL INRA Entre tanto, la Fiscalía determinó secuestrar dos teléfonos celulares del director departamental del INRA de Santa Cruz, Adalberto Rojas, y someterlos a pericia para determinar si existen indicios que aporten en la investigación por los hechos registrados en Guarayos.      

La información fue proporcionada a ERBOL por el fiscal Roberto Ruiz, quien indicó que los celulares fueron remitidos al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), para el estudio “de urgencia”. 

“A su declaración ha llegado con dos celulares, los mismos que han sido secuestrados para que se haga el desdoblamiento y se extraiga si hay alguna información que sirva para la investigación”, manifestó.

Recordó que se convocó a declarar al Director del INRA porque un día después de la agresión a periodistas, se dirigió al predio en Guarayos, donde fue recibido “con bombos y platillos”.

En su defensa, Rojas declaró que se había constituido al lugar para prevenir mayores conflictos y negó conocer a los avasalladores.

Asimismo, afirmó que el predio en cuestionamiento en Guarayos está 100% sobrepuesto a la reserva forestal y que, por lo tanto, es una tierra fiscal no disponible. Aseveró que ya se remitió a La Paz el proyecto de resolución correspondiente.