El caso ítems fantasma en la alcaldía de Santa Cruz, que se destapó tras un lío familiar, avanza con nuevas denuncias y documentos que fueron presentados por la defensa de la exalcaldesa Angélica Sosa y de la actual autoridad del municipio, Jhonny Fernández.

La primera, que se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Palmasola, denunció la existencia de una “red de tráfico de ítems” desde que Fernández era concejal, entre 2019 y 2020.

Por su parte, la autoridad edil ratificó su denuncia sobre la existencia de 1.205 contratos fantasma.

Joadel Bravo, abogado de Sosa, denunció, citado por ABI, que hubo una cuota de ítems por el acuerdo entre Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y la agrupación de Percy Fernández, Santa Cruz Para Todos (SPT). Advirtió que la secretaria de entonces del concejal Fernández, negoció ítems y cobró entre  2.000 y 5.000 dólares a sus víctimas. A su vez, hace referencia al actual secretario jurídico y la directora de la Transparencia. 

Bravo exige que se investigue a estas autoridades por el presunto tráfico de ítems y explicó que al principio se tenían siete víctimas por lo que se abrieron procesos administrativos, pero, ahora, se tiene a 48 víctimas y las pruebas de que los afectados pagaron por tener un ítem.

“Toda esta documentación nos ha llegado recientemente de personeros de UCS que nos han hecho notar estos aspectos, es decir, Sosa no lo declara porque no lo conocía en ese momento de su declaración”, manifestó. 

DECLARACIÓN

El alcalde cruceño se presentó ayer ante la Fiscalía para ampliar su declaración informativa y ratificó su denuncia tras entregar nueva documentación sobre corrupción a través de 1.205 contratos fantasma. 

“El aporte que estoy haciendo en las denuncias, va a ser contundente en esta situación. Lo que yo hago es ser serio en este tema, y las pruebas hay que presentarlas”, indicó.

Dijo también que se presentó de manera voluntaria  en calidad de testigo ya que fue concejal y víctima porque ahora representa a la Alcaldía cruceña.

Indicó que se realizó una complementación a su primera denuncia sobre los “contratos irregulares” y que será la Fiscalía la que analizará toda la documentación entregada por la Dirección de Recursos Humanos del municipio.

Aclaró que en su primera denuncia de fines de mayo de 2021 se contempló a 1.205 contratos irregulares, pero que después se develó la existencia de 800 “ítems fantasmas” a denuncia pública de Valeria Rodríguez en contra de su esposo Antonio Parada Vaca, quien era Director de Recursos Humanos y ahora está prófugo de la justicia.

Sobre las recientes denuncias del abogado de Sosa, indicó que solo se pretende contaminar la investigación y reprochó que las pruebas no se las haya presentado ante la Fiscalía.

LA SITUACIÓN

En el marco de estas investigaciones que se realiza por los “ítems fantasmas”, se tiene con detención preventiva a la exalcaldesa Angélica Sosa, a Julio Cesar Herbas y a Javier Cedeño, ambos exfuncionarios municipales, además de Guillermo Parada Vaca, quien está con detención preventiva con fines de extradición en la República de Panamá.

Entre tanto, dos de los tres fiscales que conforman la comisión Anticorrupción del Ministerio Público, que investiga el caso, se contagiaron de COVID-19, lo que frena el proceso de investigación ya que quedaron pendientes algunas declaraciones de testigos y allanamientos, por ejemplo, según reportó El Deber. También se advirtió de carga procesal por la reducción de fiscales.