El equipo de expertos internacionales que defiende los intereses de Bolivia en el caso de la disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala hizo, ayer, énfasis en cuatro puntos contra los argumentos de Chile y realizó seis solicitudes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

En la segunda ronda de alegatos orales participaron los abogados Mathias Forteau, Alain Pellet, Rodman Bundy y Gabriel Eckstein y para hoy está previsto que Chile cierre con alegatos conclusivos.

“Bolivia ha sustentado su defensa en la ciencia, demostrando que el Silala es un curso de agua internacional cuyo flujo superficial ha sido artificialmente mejorado. Reiteramos ante la Corte que no se debe soslayar en la definición de la naturaleza de las aguas del Silala, el impacto de la canalización artificial”, informó el embajador de Bolivia en los Países Bajos y agente de Bolivia, Roberto Calzadilla, citado por ABI.

El equipo de expertos solicitó a la CIJ, en primera instancia, que rechace las demandas chilenas y haga seis declaraciones. 

Las tres primeras son que “Bolivia no ha incumplido ninguna obligación con Chile”; “tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas, en virtud de las reglas del derecho internacional consuetudinario”; y “no solo Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para evitar que se cause un daño transfronterizo significativo en el Silala, sino también Chile”.

Los otros tres hacen referencia a que “no solo Boliviana tiene la obligación de cooperar, notificar y consultar al otro Estado con respecto a las actividades que puedan tener un riesgo de daño transfronterizo significativo en caso de ser confirmado por una evaluación de impacto ambiental, también Chile”; “que las aguas del Silala son un curso de agua internacional cuyo flujo superficial ha sido artificialmente mejorado dentro de territorio boliviano”; y que “el uso actual de Chile se realiza sin perjuicio del uso equitativo y razonable que Bolivia puede realizar”.

El equipo boliviano también cuestionó las afirmaciones sobre el río Lauca que “fue canalizado y desviado unilateralmente por Chile, sin cumplir ninguna obligación de derecho internacional” y calificó como “impertinentes” para el proceso. En otro punto, destacó que Chile reconoció en 2008 que cualquier acuerdo con el Estado tiene que generar beneficios económicos a favor de los bolivianos y recordó que la deuda histórica por el uso pasado se mantiene como un tema pendiente que debe ser resuelto entre la empresa FCAB y la Gobernación de Potosí. También señala que la propuesta de Chile de 2019 era unilateral y no contemplaba los derechos ni intereses de Bolivia.