El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), realiza el seguimiento a 180 casos de tortura y violencia de Estado registrados entre 2019 y 2020, utilizando los mecanismos establecidos en el Protocolo de Estambul para determinar el nivel de afectación y vulneración.  

“Actualmente el SEPRET tiene 180 personas que están siendo evaluadas bajo el Protocolo de Estambul, bajo estándares científicos, metodológicos que determinarán las secuelas reales de la tortura ocurrida entre el 2019 y 2020”, comunicó la directora del SEPRET, Nadeshda Guevara en el canal estatal. 

Guevara manifestó que durante ese periodo de tiempo se registraron graves vulneraciones a los derechos humanos.

“Estas personas tienen graves afectaciones, han sido extremadamente golpeadas y humilladas; la tortura quiebra la personalidad y daña de manera significativa la dignidad de las personas”, remarcó la abogada, a tiempo de recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que la tortura se constituye en un crimen de lesa humanidad. 

Guevara explicó que “al utilizar estos tipos penales abiertos, también hubo una ruptura institucional y un estado de no derecho que provocó que se instaure la aplicación del derecho penal del enemigo donde se asumía a toda aquella persona que pensaba diferente al gobierno de turno como un enemigo que no tenía posibilidad de tener acceso a la justicia”, acotó.  

Cada 26 de junio se recuerda el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.