El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto (APDH-EA) y asesor legal de las víctimas de Senkata, David Inca, dijo que la "ayuda humanitaria" de 100 mil bolivianos que entregará el Gobierno no significa que los casos registrados durante los conflictos, tras las elecciones del 20 de octubre de 2019,   sean archivados y queden en la impunidad.

Inca, citado por ANF, manifestó que iniciarán un juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Jeanine Áñez y todo su gabinete ministerial.

"Una vez que empecemos el tema de la ayuda humanitaria que se ha obligado al Estado, vamos a empezar a trabajar sobre el juicio de responsabilidades contra las personas que están asumiendo el Gobierno de transición, en este caso la señora Áñez y todos sus ministros".

Dijo también que los familiares podrán llevar a cabo los procesos penales que vean convenientes. Recordó que el acuerdo, expresado en el Decreto Supremo 4100, no obstaculiza la ayuda internacional en caso de que la justicia nacional no quiera o no pueda continuar con las investigaciones y los juicios de responsabilidades que los familiares llevarán adelante.

Asímismo, agradeció las gestiones realizadas por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, ante el Gobierno, en favor de los familiares de las víctimas, durante las reuniones.