La Cámara de Senadores suspendió el domingo el análisis del proyecto de Ley para la Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano, hasta que exista un acuerdo definitivo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, informó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar.

    "Esta Cámara de Senadores y también será la posición de la Cámara de Diputados no van a aprobar ninguna ley, no va a iniciar ningún tratamiento de ley en tanto y cuanto no exista un documento de acuerdo definitivo con el cien por ciento de las demandas (atendidas) firmado por todos los sectores movilizados con los ministros de Estado", dijo en contacto con los periodistas.

  

    Una vez aprobado el proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, ayer, sábado, en la Cámara de Senadores, la bancada del MAS introdujo un proyecto que buscaba evitar el juzgamiento del expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y otras exautoridades.

    Esa norma inmediatamente generó el repudio, primero de la presidenta Jeanine Áñez, quien de manera contundente dijo "no voy a promulgar esa ley, no podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos".

    Similar reacción ocasionó en otros actores políticos, activistas y jóvenes que se movilizaron en las calles en busca de recuperar la democracia. 

    Sin embargo, según Aguilar hubo una "malinterpretación y mala información" porque el espíritu de ese proyecto no es otro que dar garantías a los dirigentes y no así generar "impunidad".

    Recordó que anoche, en el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, se explicó el alcance de ese proyecto y para evitar conflicto se pidió el apoyo y asesoramiento de la Iglesia Católica y organismos internacionales para que se redacte un nuevo proyecto que ahora se denomina ley para la pacificación del país.

    "No hubo en ningún momento la intencionalidad de proteger absolutamente a nadie, no hubo ninguna intencionalidad de aprobar una ley de impunidad o inmunidad y eso es importante aclarar a la población", agregó.

    Aseguró que en consenso entre las tres fuerzas de la Asamblea Legislativa (MAS, UD y PDC) se ha determinado dejar de lado el tratamiento de ese proyecto hasta que entre todos los sectores involucrados exista conformidad.

   "No queremos crear mayor susceptibilidad preferimos esperar este acuerdo final y ese acuerdo firmado va a ser plasmado en una ley de Estado y que obviamente va a ser de cumplimiento de todos", complementó.

    La nueva propuesta, según datos oficiales, tiene como objeto garantizar los derechos y garantías de líderes sociales, autoridades electas, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, entre otros y prohibir las acciones de hecho como aprehensiones arbitrarias y cualquier medida que coacciones el libre ejercicio de derechos y libertades.