El jueves, la Cámara de Senadores sancionó la Ley que garantiza un resarcimiento excepcional a favor de las víctimas de dictaduras en el país y la remitió al Ejecutivo para su promulgación.

“Senado sancionó el proyecto de ley de Resarcimiento excepcional, en favor de personas contra quienes se cometió violencia política por parte de gobiernos inconstitucionales (4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982). Se remite al Ejecutivo para su promulgación”, informó el Senado a través de su cuenta oficial en el Twitter.

Para efectivizar este resarcimiento, la normativa prevé la modificación del inciso b) del artículo 16 de la Ley N° 2640, para autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la asignación de un total de 99.925.916 bolivianos del Tesoro General de la Nación (TGN) para el pago excepcional del 80 por ciento restante a los beneficiarios.

En la única disposición transitoria del proyecto de ley se establece que el monto correspondiente al 20% restante, que no haya cobrado aún las víctimas de la época dictatorial, tendrá un plazo de un año para hacerlo, a partir de la promulgación de la presente norma. Pasado este tiempo, los recursos que no sean reclamados serán destinados a una cuenta fiscal para futuras reparaciones a víctimas de graves violaciones a sus derechos.

La disposición final primera establece que, los únicos beneficiaros del pago, en este caso las 1.714 víctimas, son los contemplados en el anexo de Decreto Supremo 1211 del 1 de mayo de 2012.

BUENA NOTICIA

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo este viernes que se trata de una buena noticia para todas las víctimas de las dictaduras porque esperaron muchos años para que se efectivice este pago que ya había sido determinado en 2004.

“Quiero recordarles que esta disposición se había aprobado ya en 2004, (a través de) la Ley 2640, que establecía una regla por la cual el gobierno, (mediante el) TGN (Tesoro General de la Nacional), aportaba el 20% de los recursos para pagar este resarcimiento y el 80% restante se dejaba a la cooperación internacional”, señaló Lima en una entrevista con La Razón Radio.

Sin embargo, enfatizó que “esa política del gobierno de Carlos Mesa, de pedir con el sombrero, el apoyo de la comunidad internacional, no ha tenido éxito” porque no está en el marco de los convenios establecidos.

Entonces, esa primera ley “no pasó de ser una mentira y una manera de resolver un conflicto artificialmente. (No obstante) esta nueva ley, a partir de su promulgación que la realizará nuestro presidente Luis Arce, lo que va a permitir es que el Ministerio de Justicia pueda, en el plazo de un año calendario, terminar de pagar ese 20% (…) a todos los que no lo han cobrado”, explicó.

Además, agregó el ministro, ya se podrá pagar el restante 80%, que es equivalente a Bs 99.925.916, a través del TGN a los beneficiarios “de acuerdo a la negociación y la disponibilidad que hay en este momento porque lamentablemente hay diferentes grupos de víctimas”.

“Incluso, hay conflictos al interior de ellos y lo que estamos buscando es propiciar encuentros y diálogo.  (Además) quienes todavía tienen reclamos, quienes todavía piensan que el monto de indemnización no es suficiente o no se les ha permitido ingresar en las listas, pueden tener, en el marco de un debido proceso, la posibilidad de formular y presentar sus reclamos en las instancias administrativas y judiciales correspondientes”, agregó.

Asimismo, afirmo que hablar de un número exacto de beneficiarios en este momento “es complejo”, precisamente, por los conflictos que existen. Por tanto, “lo que necesitamos es continuar con el proceso (de calificación) para que nadie salga insatisfecho de esta solución que estamos brindando”, puntualizó.