La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará hoy a las 16:00 horas para aprobar la ley que regula la emergencia por la COVID-19, en la que se flexibiliza el control de la cuarentena. Desde el Ejecutivo advirtieron su rechazo y anunciaron la devolución con observaciones. Asimismo, denunciaron que desde la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) que tiene mayoría en el Parlamento trabaron diferentes proyectos que debían servir para ayudar a contener la pandemia, entre ellos los créditos y la asignación de presupuestos, pero también para obras en diferentes departamentos. La sesión de Diputados del lunes solo consideró algunas de estas normas que esperan desde el año pasado su aprobación.

La presidenta de la ALP, Eva Copa, informó que la sesión será en instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB), donde también se tratará las observaciones al Decreto Presidencial de Indulto.

“Nosotros esperamos que el Ejecutivo pueda agilizar la reglamentación, porque son leyes importantes para preservar la salud de los bolivianos y bolivianas, sobre todo para garantizar la seguridad de nuestros médicos, del personal de salud, policías y de las Fuerzas Armadas. Ustedes han visto que por las calles están los soldaditos y policías que a veces no tienen barbijos ni guantes; entonces, esa ley ayudará a regular las compras que se tiene que hacer para contar con los insumos necesarios”, dijo, según una nota de prensa de la Vicepresidencia.

El proyecto de Ley 595 fue aprobado el lunes por la Cámara de Diputados. La polémica surgió por la prohibición de detenciones o arrestos “innecesarios” por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana durante la cuarentena por el coronavirus. El borrador incluía sanciones para las fuerzas del orden, sin embargo este texto fue retirado.

El diputado por Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral, citado por Urgente.bo cuestionó la norma porque es difícil saber cómo se pondrá límite “de lo necesario e innecesario” en los controles.

El proyecto también prohíbe el incumplimiento de la cuarentena, la negación de la dignidad humana, de la intimidad, a la alimentación,  a la salud, de la libertad de expresión ni de los demás derechos humanos. Se suma el veto al uso de armas de fuego contra la población, detenciones o arrestos innecesarios y amenazas desproporcionadas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía deberán ejercer sus funciones garantizando el cumplimiento de la normativa durante la etapa de emergencia por la pandemia.

CUATRO OBSERVACIONES El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental,  Israel Alanoca, en una entrevista con la ABI, advirtió que si el proyecto de ley se aprueba tal como está ahora y se le entrega para su promulgación será rechazado y devuelto a la Asamblea con al menos cuatro observaciones. Explicó que la propuesta tiene una "buena intención", sin embargo, "no son razonables, son insostenibles y no establecen las fuentes de recursos". A esto se suma que Diputados omitió hacer la consulta previa al Ejecutivo para tratar el proyecto, tomando en cuenta que establece gastos que debe cubrir el Estado.

Las cuatro observaciones son a los primeros artículos de la norma:

1. El artículo 2 dispone que el nivel central, mediante el Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos autónomos dote de equipos de bioseguridad a todo el personal de salud del subsector público de la ciudad y del área rural, en un "plazo máximo" de tres días.

2. El artículo 3 dispone que el Estado deberá dotar a todos los departamentos y municipios de reactivos, mínimamente para un tercio de la población de reside en cada unidad territorial, para realizar pruebas, en un plazo de tres días, tras las aprobación de la norma.

3. El artículo 4 establece que el Estado, a través de la cartera de Salud, en coordinación con las unidades territoriales autónomas, habilitará dos laboratorios de análisis para detectar el coronavirus, en cada departamento, en un plazo de cinco días desde la promulgación de la norma.

4. También se refirió a que la ley ordena al Estado, en coordinación con los gobiernos autónomos, organizar brigadas móviles para identificar la enfermedad "puerta a puerta" para la detección temprana, durante el tiempo en que la población esté en sus domicilios.

Ante esto, Alanoca explicó que los insumos de bioseguridad están agotados en el mercado nacional y no hay reactivos en el mercado interno, además que no hay disponibilidad para hacer pruebas puerta por puerta. Por ello, aseguró que se gestiona la  adquisición de insumos y reactivos en el mercado internacional, pero que su llegada al país no será inmediata. La autoridad aclaró también que ya se gestiona la instalación de dos laboratorios en cada departamento y que su ubicación será estratégica.

Agregó que la norma vulnera las autonomías y no respeta las competencias de los municipios y las  gobernaciones, y se carga la responsabilidad al nivel central del Estado.

El Viceministro afirmó que se agotarán todas las instancias, pero advirtió que como última opción se podría acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

LA ECONOMÍA La diputada de UD Shirley Franco lamentó, citada por Urgente.bo, que la bancada del MAS en Diputados haya trabado los diferentes proyectos que servirán para ayudar a contener la crisis sanitaria y económica que causa el coronavirus.

Explicó que en la gestión pasada la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, presentó el proyecto para otorgar el 10% del presupuesto de la nación al sector salud. Sin embargo, hasta la fecha no fue aprobado por los dos tercios parlamentario del exoficialismo.

Otro proyecto que fue trabado y recién aprobado ayer fue el crédito de 21 millones de euros de Italia. Dijo también que la Comisión de Planificación, que es donde se tratan los créditos, donaciones y transferencia, no está sesionando y trabaja con personal muy reducido y no quiere dar información de los planes normativos para posibilitar la ayuda económica.

El proyecto de ley de Eliminación del Impuesto de Utilidades (IUE) para las empresas es otra norma que no es tratada por la Comisión de Planificación. El objetivo fundamental de esta propuesta es ayudar a que no se cierren las compañías y por lo tanto no aumente el desempleo en el país. 

“He presentado el proyecto el miércoles de la semana pasada y eso debió ser remitido de inmediato la comisión. Estoy proponiendo eliminar el IUE que es uno de los impuestos más fuertes que pagan las empresas, porque pagan el 25 por ciento de sus utilidades”, complementó.

El parlamentario de UD, Tomás Monasterios, lamentó la actitud de poca colaboración por parte de la bancada exoficialista porque en ellos “priman los intereses electorales y de su partido, con el fin de entorpecer las gestiones para ayudar a contener la pandemia”. En tal sentido, anunció el inicio de acciones legales, por el delito de incumplimiento de deberes y por “dejar en la indefensión a la población”.

EL INDULTO Por otro lado, informó que se tratará el Decreto Presidencial del Indulto, que beneficia a reclusos mayores de 58 años y mujeres privadas de libertad desde los 55 años que tengan más de un hijo, además de personas con enfermedades crónicas y vulnerables que están en las cárceles.

“Hemos hecho llegar las observaciones a la Comisión Mixta respecto a que algunos grupos deberían figurar dentro del indulto. El objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles como medida preventiva para evitar que el COVID-19 afecte a los privados de libertad”.

Finalmente, la presidenta de la Asamblea reiteró que priorizarán el tratamiento de leyes para precautelar la salud de la población y que las comisiones de Planificación, Constitución y de Economía Plural de Diputados y Senadores trabajan en las mismas para fortalecer la lucha contra el coronavirus.