El gremio del sector salud determinó otorgar siete días al Gobierno para abrogar la Ley de Emergencia Sanitaria (1359), porque considera que la norma y su reglamento criminalizan y amordazan a los profesionales y trabajadores del rubro, informó ayer el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.

El dirigente señaló, según ERBOL, que la decisión fue tomada en una reunión con representaciones de todo el país y advirtió que, en uso a su derecho constitucional, irán a las calles, se movilizarán y lucharán “en todos los rincones de Bolivia”.

El rechazo del sector se reavivó después de que la semana pasada el Gobierno emitió el decreto reglamentario de dicha ley, disponiendo que se penalice la suspensión o interrupción del servicio de salud.

El jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, rechazó la conformación de una comisión con “burócratas y no especialistas”. También consideró que las normas entregan la “llave de la corrupción” respecto a las contrataciones y dijo que se adjuntará el decreto reglamentario a la acción de inconstitucionalidad que se ha planteado contra la ley de Emergencia Sanitaria.

El diputado del MAS Juanito Angulo observa el carácter político de la medida para “obstaculizar” las políticas de salud.