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  • Diario Digital | domingo, 19 de mayo de 2024
  • Actualizado 14:36

Romero niega haber sido notificado con mandamiento de aprehensión; “nos vamos a defender”

El exministro de Gobierno fue citado a declarar como testigo en el caso Ostreich. Sin embargo, según Romero no fue notificado y se enteró del documento en su contra por redes sociales.

 

El exministro de Gobierno, Carlos Romero junto al exviceministro de Régimen Jorge Pérez. APG
El exministro de Gobierno, Carlos Romero junto al exviceministro de Régimen Jorge Pérez. APG
Romero niega haber sido notificado con mandamiento de aprehensión; “nos vamos a defender”

El exministro de Gobierno Carlos Romero indicó este martes que no fue notificado con ninguna orden de aprehensión en su contra por el caso Ostreicher y que se enteró de dicha orden legal por medio de las redes sociales.

Sin embargo, Romero dijo que se “defenderá en el plano jurídico” y que no será “doblegado”.

“Nos hemos visto sorprendidos por el mandamiento contra mi persona, porque yo no he sido notificado, pero vimos que circuló un mandamiento contra mí, y yo no lo conozco, no he sido notificado (…). Nosotros nos vamos a defender en el plano jurídico, mediático, político e internacional, donde corresponda. No nos van a doblegar”, sentenció Romero.

Romero salió a la palestra junto a su representante legal, el exviceministro de Régimen Interior y Policía Jorge Pérez, quien será el abogado de la exautoridad.

Según Pérez, en este caso en particular, corresponde una acción de amparo constitucional al tratarse de una exautoridad y a un caso sensible de interés del Estado.

Vamos a desarrollar las acciones correspondientes. En este caso procede la acción de amparo constitucional, no de libertad, si es que después de nuestro memorial que presentemos a primera hora no se deja sin efecto esta decisión ilegal, abusiva y arbitraria.

“Vamos a desarrollar las acciones correspondientes. En este caso procede la acción de amparo constitucional, no de libertad”, dijo Pérez a tiempo de calificar el mandamiento de aprehensión como una decisión abusiva, ilegal y arbitraria.

Pérez también se sorprendió al ver la noticia en medios de comunicación de todo el país y aseguró que en este caso existen procedimientos diferentes al tratarse de una exautoridad de Estado.

“No puede existir una investigación extrajudicial. Dependiendo del tipo de proceso se debe cumplir un procedimiento, en este caso se debe librar un comparendo de citación, hay personas que ocuparon altos cargos en el Estado y gozan de otro trato por el tema delicado que puede ser de interés nacional”, sentenció el jurista.

CASO OSTREICHER

En 2012, el director jurídico del Ministerio de Gobierno y otros cinco funcionarios fueron detenidos acusados de corrupción y extorsión al empresario estadounidense Jacob Ostreicher acusado por vínculos con el narcotráfico, al que supuestamente pidieron 50.000 dólares a cambio de su libertad.

En aquel entonces, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció en una conferencia de prensa que los funcionarios eran parte de una red de corrupción y extorsión investigada desde hace tres meses y con posibles vínculos con miembros del Poder Judicial.

Fue detenido también el exabogado del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas, quien se presentó voluntariamente en La Paz. Rodas dijo ser inocente y espera se le muestren las evidencias en su contra.

Jacob Ostreicher llegó a Bolivia en 2010 para invertir en la producción de arroz, poco tiempo después (2011) fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas (blanqueo de capitales) y vínculos con narcotraficantes por lo que fue encerrado en prisión, en Palmasola para ser más preciso. En todo ese tiempo, las tierras para cultivo del arroz en las que invirtió el extranjero pasaron a manos de la ciudadana Claudia Liliana Rodríguez.

Tiempo después Ostreicher logró salir de prisión con detención domiciliaria y en ese tiempo el norteamericano escapó por Perú y logró llegar a Estados Unidos donde vive en Nueva York cuidando a sus padres que sobrevivieron al holocausto.

Ostreicher siempre negó sus posibles vínculos con el narcotráfico y, según una entrevista de El Deber, el empresario tiene la esperanza de volver a Bolivia en alguna oportunidad para reclamar los bienes que perdió, valuados en uno 30 millones de dólares.

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