La Defensoría del Pueblo tiene como misión principal la defensa y promoción de los derechos humanos y está al servicio del pueblo, pero la misma se fue “degenerando” desde que se denunció su politización.

A lo largo de 24 años de funcionamiento, pasaron ocho defensores (cuatro mujeres y cuatro varones), de los cuáles cinco fueron elegidos por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, antes Congreso Nacional, y gozan de legitimidad mientras que el resto fueron interinos. 

En ese tiempo, se detectaron cuatro ‘tropiezos’ políticos que empañaron la gestión.

Hoy, el reto es recuperar la independencia de esta institución y sus principios rectores, en favor de la población.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Asamblea, prometen independencia y cumplimiento de los 18 requisitos, establecidos en la norma, para la elección del nuevo (a) Defensor del Pueblo (a) tras más de tres años de interinato.

La oposición cuestiona este proceso y tiene al menos cinco observaciones al reglamento de selección y designación con respecto a los requisitos. El más observado es el que señala que el candidato no debe haber “participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto ni en la ruptura del orden constitucional”. Esto se toma como un direccionamiento a un militante del partido oficialista.

La aprobación del reglamento se frena, en medio de una sesión bochornosa, y está en cuarto intermedio. Aún no hay fecha para retomar el debate y que los postulantes tengan el visto bueno para participar de la selección.

LA DEFENSORÍA La primera Defensora del Pueblo fue la periodista y escritora Ana María Romero de Campero (+). Fue elegida por el Congreso en 1998 en un cargo considerado novedoso para la historia de las instituciones bolivianas.

En cinco años, “desplegó una labor de defensa de los derechos humanos y logró un trabajo importante de posicionamiento institucional, constituyéndola en un referente para el país y la región”, dice el documento histórico de la Defensoría donde también se destaca que en su gestión se abrieron la mayoría de las oficinas defensoriales.

En 2003 y tras su renuncia para ir a una nueva postulación, la que luego declinó, llegó al cargo en suplencia legal, como interina, Carmen Beatriz Ruiz que duró nueve meses debido a indecisiones políticas.

1. En este periodo se registró el primer ‘tropiezo” político.

Según el VI Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso, una polémica elección dejó a Iván Zegada en el cargo.

Solo duró 16 días en el cargo tras rumores de cuoteo político entre los partidos tradicionales, el principal, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), lo que derivó en una falta de reconocimiento de la sociedad civil. Tuvo 99 votos a favor de los 141 legisladores presentes.

Zegada es ingeniero mecánico y profesor de gerencia pública y refuncionalización. Fue asesor del congreso en temas de desarrollo social, subsecretario de Minería y Metalurgia en el gobierno de Víctor Paz (MNR), además de secretario general de la Asamblea de Derechos Humanos. Fue consultor internacional, gerente de varias empresas, presidente del directorio del Banco Minero y director y supervisor en construcción.

En ese entonces, ANF reportó que se aferró al cargo fundamentando que su designación responde a los preceptos constitucionales y a una negociación política. 

Le siguió el licenciado en ciencias jurídicas y políticas con Maestría en Derecho Constitucional, Waldo Albarracín, quien ejerció entre 2003 y 2008.

Fue uno de los 56 postulantes.

“Durante su gestión, la institución no solo logró conservar casi intacta su organización institucional, sino que, desde diciembre de 2003, tras su posesión, amplía la base de su estructura mejorando las áreas más críticas para la acción defensorial”, dice el documento de la Defensoría.

Albarracín renuncia tras cumplirse los cinco años de su gestión y asume en “suplencia legal” Rielma Mencias desde diciembre de 2008 hasta mayo de 2010, es decir, por un año y cinco meses. Es la segunda Defensora, en la historia de la institución, que estuvo más tiempo de forma interina.

En el XIII Informe Anual de la Defensoría a la Asamblea, se califica la gestión de Mencias como “débil de posicionamiento público y de bajo perfil institucional”.

2. El segundo ‘tropiezo’ llega con el teólogo de profesional y obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Rolando Villena (+), quien pese a haber sido elegido por una mayoría de senadores del MAS, en 2010, según lo recuerdan, “tuvo el coraje de ser crítico del presidente Evo Morales”. Lo califican como una persona que intentó hasta el final mantener el prestigio de la institución. También trabajó en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. 

Se describía a sí mismo como un hombre con convicciones democráticas y principios de izquierda, pero de la izquierda basada en principios y valores, según la Defensoría.

Fue posesionado el 13 de mayo de 2010 con 113 votos, que superan los dos tercios por siete votos.

3. Volvieron las susceptibilidades con la elección de David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma como Defensor. Fue señalado por tener una supuesta afinidad con el MAS. Acá fue el tercer ‘tropiezo’ político. 

El licenciado en derecho con postgrado en Ciencias Penales llegó al cargo el 13 de mayo de 2016 con el respaldo de los dos tercios de la Asamblea, dominada por el partido oficialista y en función de Gobierno. 

La oposición se opuso a su elección porque antes de ejercer el cargo fue funcionario público. Trabajó como Director Nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Pública antes de ser autoridad. También fue Director General de Justicia y Derechos Fundamentales, entre 2011 y 2014; Secretario General de la Contraloría General del Estado y en la delegación del Contralor General del Estado, de 2009 a 2011.

Debía concluir su gestión el 13 de mayo de 2022, pero presentó su renuncia el 24 de enero de 2019, en medio de un escándalo y un cruce de acusaciones con su entonces pareja. Fue denunciado por utilizar ambientes estatales para exponer sus problemas conyugales y comparar su caso con el del entonces presidente, Evo Morales, y su pareja Gabriela Zapata.

4. En lugar de Tezanos se quedó Nadia Cruz, quien permaneció de manera interina con el apoyo de la Asamblea. Tuvo 96 votos a favor y no se requirió dos tercios, solo mayoría simple. Lleva tres años y un mes, es el periodo más largo sin la legitimidad que te da una elección.

Es abogada de profesión con maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y diplomados en Economía Plural y Comunitaria; Liderazgo y Ciudadanía, y en Educación Superior.

Antes trabajó en la Comisión Jurídica del Comité Impulsor del Juicio contra Leopoldo Fernández por el caso Porvenir y fue parte del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores. También fue asesora legal en la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional “Asofamd”, entre 2007 y 2010, y en 2015; entre 2006 y 2010 fue parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

Es sindicada de parcializarse con el MAS y de callar en diferentes hechos que involucraban al partido de Gobierno.

Sueldo mensual de Bs 20.000 

El Defensor del Pueblo tiene un salario mensual de Bs 20.000. Así se puede verificar en la página oficial de la institución, donde hace referencia a la escala salarial.

En el caso de los delegados adjuntos reciben un sueldo de Bs 19.000 y en la planilla se verifica que el delegado defensorial departamental gana Bs 18.000.

Los recursos provienen del Tesoro General de la Nación (TGN).

La Defensoría es considerada parte del sector público de Defensa de la Sociedad y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el que aprueba la escala salarial.

La planilla mensual de 2017 fue de Bs 1.402.358, la misma que para 2021, según la Resolución Ministerial 052 del 26 de enero bajó a 134 ítems en 14 niveles salariales con un costo mensual de Bs 1.360.577.

La institución, hasta 2019 tenía fuentes de financiamiento externas como Unicef, con Bs 595.242; el PNUD, con 217.536; y Suecia con 1.190.653. El Estado, a través del TGN, otorga un presupuesto inicial de Bs 36.565.286.

El total de 2019 alcanzó a Bs 38.568.717 y una ejecución de Bs 25.456.521.