Eduardo Rodríguez Veltzé ha atendido el llamado del país en momentos cruciales. Fue elegido miembro de la Corte Suprema de Justicia cuando este poder de la entonces República atravesaba una crisis dura. Luego asumió la Presidencia de Bolivia en uno de los periodos políticos más convulsos y condujo la transición hacia lo que fue la fundación del Estado Plurinacional. Abogado, profesor de derecho, Rodríguez accedió a una entrevista con el portal Urgente.bo en la que lanza alertas sobre este nuevo momento crítico de la justicia boliviana, que desata la indignación de la población con las revelaciones sobre el feminicida serial y apela al Primer Mandatario para que adopte decisiones mayores a la altura de la compleja realidad, porque teme que no está bien informado sobre el sector.

El expresidente Rodríguez lamenta que el nuevo episodio de la crisis judicial sea abordado con la creación de una comisión para investigar feminicidios y casos de violencia, una parecida a la que se formuló el año pasado desde el oficialismo en el Legislativo. Se pregunta cómo hará el Órgano Ejecutivo para interferir en otro órgano si la Constitución Política del Estado establece la independencia entre órganos.

Critica la indolencia de las autoridades que no reaccionan para abordar la crisis judicial como un asunto de Estado y tema que nuevamente se presenten episodios como el que conmueve al país, porque la necesidad de la transformación de la justicia no se le encara como un asunto que involucra a todos.

¿Qué opina del estado de la justicia boliviana, cuya crisis ha sido agudizada con el caso del feminicida serial?

Los últimos acontecimientos y las últimas revelaciones no me sorprenden, ya hace mucho tiempo que el sistema judicial estaba comprometido en su independencia, en su idoneidad, sobre todo golpeado por la corrupción. Este no va a ser el último caso si es que no se toman medidas estructurales. Hay que recordar que el Consejo de la Judicatura fue objeto de denuncias, hubo quejas sobre el desempeño del Tribunal Constitucional. Hemos tenido incidentes muy penosos en el Tribunal Supremo de Justicia, lo mismo que en el Tribunal Agroambiental. Hay muchos episodios de esta crisis tan profunda y tan sostenida.

Tenemos una sobrepoblación penitenciaria, hay más de 7 mil detenidos preventivos que no tienen condena. Régimen Penitenciario está saturado, sin condiciones para recibir a más personas, pero en las cárceles hay personas que viven con su familia. Es decir, hay una indolencia del Estado frente a este problema. A mí no me sorprende que el caso del feminicida serial haya desatado una mayor reacción de la población, pero ya son muchos los antecedentes y muchas las fallas de la justicia y del Ministerio Público.

El Presidente Arce anunció la creación de una comisión para investigar sobre feminicidios y hechos de violencia. ¿Cuán importante es este anuncio para abordar la problemática de la justicia?

Si revisa los mensajes que doy por twitter, usted verá que desde hace mucho tiempo pido que se traten los grandes temas de la justicia y que no nos quedemos en temas puntuales o visiones coyunturales. Este es el típico caso con el que se pretende tapar el tema con un dedito, el problema es mucho mayor. El problema que yo veo no es la buena voluntad del Presidente o de las organizaciones sociales. El problema es mucho mayor. Por ejemplo si se quiere encarar ciertos niveles de la corrupción nos vamos a ver rebasados por la realidad, es un tema de procedimiento.

Nuestra Constitución vigente establece que los poderes son independientes y que un órgano no se puede meter en las tareas de otros. La CPE destaca que las funciones de los órganos no pueden ser reunidos en un solo órgano y que no son delegables entre sí. Recuerdo que el órgano legislativo el año pasado formó una comisión exactamente con el mismo propósito, incluso se dotaron de un presupuesto de un millón y medio de boliviano y creo que no hay resultados.

Entiendo la buena voluntad, pero quiero saber con qué herramientas va a enfrentar el órgano Ejecutivo para investigar en otro órgano del Estado. Este tema requiere de mayor reflexión y un abordaje con mayor rigor constitucional.

Para mí, no solamente es tratar el tema de feminicidios, este es un tema estructural, este es un tema de Estado, toca a todos los bolivianos y a cada uno de los órganos del Estado. Tenemos que  superar esta indolencia, de que las cosas sigan funcionando tal mal. El ganador  de las elecciones y los de la oposición, todos en consenso debemos abordar para que todos puedan sentirse satisfechos para lograr que la justicia, como ningún órgano del Estado, tenga la calidad de independencia y de eficiencia. Si no lo hacemos porque no es del partido o no es de la asociación, seguimos mostrando indolencia. Y no lo hacemos porque no es del partido o de la oposición seguimos  esquivando, la solución al problema. Por eso mi invocación es en este caso al presidente Arce para que en lugar de tapar las cosas con un dedito, genere un esfuerzo mayor como que ya toca.

¿Cuáles tendrían que ser los pasos que deberíamos dar para transformar la justicia?

Yo había hecho algunas propuestas hace unos cinco o seis años porque fueron los propios mandatarios Evo Morales y Alvaro García Linera que plantearon la necesidad de transformar la justicia. En ese tiempo hice un breve documento que recobra vigencia y que plantea 10 propuestas, entre ellas que se adquiera la necesidad del cambio, que se adquiere la conciencia de que este es un tema de Estado. Hay que partir de un diagnóstico muy completo, que nos defina una hoja de ruta para el trabajo.

Esto es un tema complejo e interconectado para abordarlo. Por ejemplo, tenemos que saber cuál es la legislación que tenemos y cómo se ha avanzado, tenemos que saber cómo funcionan los tribunales en las diferentes materias. Es decir abordar una política de tratamiento integral y gradual que nos lleve a hacer una mirada de abajo hacia arriba, mucha gente cree que cambiando a los magistrados de arriba todo va a cambiar. Y es un primer error, hace muchos años, cuando fui parte de una renovación de la Corte Suprema, también se pensó en lo mismo. Los altos tribunales de Sucre no ven ni siquiera el 2% de los casos de este país. Este es un sistema judicial en el que rige la buena voluntad, donde no hay carrera judicial.

Es indispensable un diagnóstico  del funcionamiento del  sistema como servicio público y si corresponde a su  dimensión política y constitucional.  Esta aproximación debe invertir la tradicional forma de ver las cosas: comenzar por el servicio al ciudadano y terminar por la elección de magistrados y el papel de los otros órganos de poder en su elección

Hay que partir de conocer cómo está el sistema judicial, con criterios rigurosos, participativos. Con ese diagnóstico hay varias medidas que se pueden tomar de manera inmediata y urgente, se puede tomar medidas de política criminal. Se puede tomar medidas de largo plazo con comisiones legislativas plurales y se puede trabajar en el pluralismo jurídico. Entonces, hay mucho que hacer.

Hay varios temas muy específicos que se requieren en Bolivia, por ejemplo, la política criminal. El país tiene que ajustar el código penal y el de procedimiento, tiene que tener políticas de prevención, tiene que definir el tratamiento a los delincuentes y a las víctimas. No tenemos política criminal. Tenemos un déficit de justicia administrativa. Los ciudadanos no tenemos juzgados administrativos a donde ir, para contrarrestar las actuaciones de las instituciones públicas. Esa competencia que era del Tribunal Supremo ha sido asignada al Tribunal Agroambiental y ha desaparecido. Y así puedo seguir. Todo esto que comento posiblemente puede ser armonizado y reflexionado por la gente que entiende de derecho. En estos largos años de trabajo encuentro que este es un tema nuestro y que debemos verlo los bolivianos.

La jurisdicción “ordinaria” (que comprende las competencias  más activas: civil, comercial, penal, familiar, de la minoridad, penal, laboral, seguridad social, coactiva, social, etc.  concentra más del 80% de las causas que atiende el sistema)  es anacrónica, poco accesible, retardatoria e impredecible. Hace décadas que no se han renovado de manera integral y consistente el cuerpo de Códigos sustantivos y procesales. La estructura orgánica judicial no se corresponde con la demanda de servicio ni los principios constitucionales. Su funcionamiento no es eficaz.

El presidente Arce ha anunciado que en marzo próximo se va a realizar la segunda cumbre de la justicia. Este es el camino frente a la crisis judicial

Cuando hablamos de cumbre judicial, bastará con remitirse a la memoria de la primera cumbre que se realizó el 2016. Esa memoria da cuenta que hubo eventos previos que había que trabajar en torno a seis ejes que habían sido diseñados por el gabinete jurídico del Poder Ejecutivo. Mi primera crítica es que como efecto de la nueva Constitución desapareció la cabeza institucional del órgano judicial, es decir quien represente la integralidad de los tribunales del país, y eso fue muy bien aprovechado por el Ejecutivo que hizo que el Ministerio de Justicia cobre protagonismo y se sienta el propietario, el mentor, quien decide qué se hace y qué no se hace en el Órgano Judicial, lo cual me parece que hay que cambiar. Hay que reflexionar para cambiar. Personalmente soy ajeno a que el Poder Ejecutivo tenga influencia sobre el poder judicial, las tentaciones para tomar decisiones son muy altas.

Cuando veo la memoria de la Cumbre veo adhesiones de los movimientos sociales a los seis ejes definidos por el gabinete jurídico del Ejecutivo. Pero esas medidas han sido insuficientes. Ninguna de ellas se refiere por ejemplo a la transformación judicial, a la transformación de la gestión, hay algunas interesantes para la incorporación de la tecnología. Lo otro es muy discutible, por ejemplo, eso de la fiscalización externa de los jueces y acudiendo a recursos externos. Esto es rebatible.Yo no creo que el Presidente haya sido bien informado ni que una cumbre vaya a reemplazar un proceso mucho más serio. Yo hago acá un analogía, la crisis de la justicia es como un enfermo terminal, que apenas respira. tiene muchas manifestaciones de enfermedades, pero antes de llevarlo al quirófano tiene que recibir un examen completo e integral, hay que revisar sus órganos vitales. Lo primero que debemos hacer es hacer un diagnóstico completo, riguroso e independiente, porque cuando tengamos una mirada independiente todos estarán libres de sospecha y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, la falta de confianza.

Como ve la reacción de las diferentes voces del sector justicia, de los líderes políticos en relación a la necesidad de llevar adelante un proceso de transformación judicial

Yo me encuentro sumamente consternado. No encuentro la razón por la cual no podamos ser capaces las y los bolivianos de acordar que este es un tema de estado. Este un problema de todos. No tenemos la madurez para decir, demos un paso juntos, acordemos las modalidades y capacidades y vayamos transformando. Este no es problema que se resuelve con el cambio de las autoridades jerárquicas que posiblemente comprendo esto y muchas otras cosas mas. Y solo permite que solo un órgano del Estado, como el Ejecutivo, tampoco contribuye a la solución y tampoco solo el partido de gobierno. Quiero decirlo con mayor respeto, hace falta madurez para dar un paso y decir que este es un asunto de todos los bolivianos.