El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se presentó ayer, identifica tres eventos que agravaron la violencia en Cochabamba entre el 21 de octubre y 18 de diciembre de 2019, y separa en otro capítulo los pormenores de la “masacre” de Sacaba, el 15 de noviembre.

En uno de sus apartados sobre los sucesos en la Llajta, refiere que los tres componentes que retroalimentaron la conflictividad en la ciudad y los alrededores fueron la organización de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC); el motín policial, el 8 de noviembre; y la quema de la wiphala.

Sobre la RJC, concluyó que se trata de un grupo de choque que se autoasignó la misión de proteger primero los bloqueos y luego la ciudad. “Llegaron a constituir grupos con centenas de motos y, paulatinamente, asumieron tareas parapoliciales, como el patrullaje en las calles de la ciudad. La RJC adoptó una estrategia de intimidación y agresión a personas identificadas como masistas, incluso a mujeres de pollera”, señala el documento.

El GIEI asegura que el grupo se constituyó como una fuerza de retaguardia para proteger los adeptos del paro cívico, pero pasó a enfrentar manifestantes del MAS que intentaban ingresar a la ciudad.

Sobre el motín policial del 8 de noviembre, recuerda que se asentaba en la insatisfacción de los policías con el comandante departamental, que luego derivó en la quema de la bandera que representa a los pueblos originarios andinos, que fue cortada de los uniformes de los efectivos.

“Hasta el 10 de noviembre, la Policía mantuvo una postura errática, con momentos de omisión, otros de rebasamiento y, también, de uso desproporcionado de la fuerza, lo que permitía interpretaciones de parcialidad. A partir del 10 de noviembre, las Fuerzas Armadas fueron movilizadas para operaciones conjuntas con la Policía, que se destacaron por la represión desproporcionada a manifestaciones contrarias al nuevo gobierno”, indica.

El GIEI considera que los actos de violencia “se sitúan en el marco de la incapacidad del Estado de proteger adecuadamente a la población”. “El Estado es responsable incluso de actos de violencia entre particulares cuando no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en Cochabamba”, añade.

A su vez, hace referencia a cuatro hallazgos, como son las violaciones de los derechos humanos; vulneración del derecho a la vida en los homicidios de Miguel Ledezma y Juan José Mamani Larico; el uso abusivo del derecho de protesta y de libertad de expresión; la vulneración de la integridad personal en el ejercicio de la violencia de los distintos grupos, especialmente en actos de tortura y la práctica de detenciones ilegales que vulneraron el derecho a la libertad personal.

Ledezma, de 24 años, murió con heridas de arma de fuego cuando salió a desbloquear el puente Huayllani y fue atacado por un grupo de jóvenes “que venía del lado de Sacaba con dirección al puente Huayllani y la Policía”, realizando actos vandálicos.

En el caso de Mamani, que participó de un cabildo en la Petrolera, fue detenido por la Policía y luego entregado a militares que presuntamente lo golpearon. Perdió la vida. A su vez, percibe que la actividad de investigación de los acontecimientos por la Fiscalía y la Policía presenta deficiencias con vulneración de las garantías judiciales y del derecho a la protección judicial.